Las movilizaciones, reclamos, exigencias, y el alivio final por la aparición de Rut Ávila Zambrana desataron una serie de debates, acusaciones, chicanas y algunas pocas reflexiones. Claro, no fue ni el primer ni el último caso de búsqueda y aparición. Sin embargo alcanzó una trascendencia particular, en especial por la activa participación de la comunidad universitaria, que garantizó y presionó por su búsqueda.

Sin detenernos en los oportunismos y conveniencias de poco vuelo, resulta de interés identificar los verdaderos debates, los consensos sociales en juego y las relaciones de poder presentes en estos casos resonantes. Más concretamente, hablamos del rol de los medios, de las hipótesis detrás de las búsquedas y de las responsabilidades estatales.

La historia reciente (aunque también de larga data) sumada a los crecientes niveles de visibilización y cuestionamiento a la violencia más cruda del sistema patriarcal, articulan un contexto particular al caso de Rut. Esto generó una reacción particular por parte de la sociedad y de las organizaciones populares. Hoy las hipótesis vinculadas a la trata, a los femicidios y la violencia de género alarman y movilizan. Y está muy bien que eso suceda, porque no podemos olvidar a Marita Verón, a María Cash, a Melina Rodríguez, a Sandra Ayala Gamboa, y a tantas otras.

Sin embargo, no es útil quedarse sólo con la cuantificación de casos, o montar un show morboso ante cada ausencia. Hace falta intervenir, a pesar y contra el aumento de los números y las escenificaciones, para avanzar sobre nuevos consensos sociales que destierren definitivamente la violencia contra las mujeres.

Incluso en muchas de las situaciones en las cuales las ausencias no verifican las peores hipótesis es posible identificar otras violencias, mandatos de género, acoso, abuso y/o falta de posibilidades laborales. Los medios masivos de comunicación resultan entonces indispensables para masificar las búsquedas, pero en muchos casos embarran el escenario, al profundizar la lógica de que “cuanto peor mejor”, y al reproducir y reforzar juzgamientos elitistas y machistas.

El estado tiene un rol contradictorio en estos casos. A pesar de habilitar nuevos derechos y en ocasiones abrir debates, el estado es también un elemento estructural, por acción u omisión, de los delitos contra las mujeres. La responsabilidad directa de la policía y del sistema judicial son ineludibles en casos de trata, por ejemplo. Al mismo tiempo, las instituciones estatales actúan selectivamente frente a situaciones igualmente urgentes, y esto vuelve central el rol de las organizaciones políticas aunando posiciones y exigencias con familiares y otros actores a favor de búsquedas rápidas y exhaustivas.

Por todo esto, los últimos casos de ausencias y apariciones, lejos de anular los reclamos de las organizaciones populares, deben servir para visibilizar cada vez más esas otras violencias que se ejercen a diario, consolidando progresivamente mayores niveles de conciencia y discutiendo el tipo (o la falta de) coberturas mediáticas.