El pedido había sido presentado el pasado 5 de agosto por la Asociación Pensamiento Penal (APP), que encabeza el juez penal de Necochea, Mario Juliano. El “amicus curiae”, fue presentado ante la Cámara Electoral, que debe decidir si los presos con condena firme pueden votar en las elecciones legislativas.

La Procuración Penitenciaria se sumó este viernes al pedido mediante un documento que argumenta que “negar el derecho constituiría un agravamiento de sus condiciones de detención”. Además recuerda que, según establece la Constitución Nacional, “debe asegurarse que el sufragio sea universal, igual, secreto y obligatorio”.

“No parece razonable cualquier exclusión genérica del derecho al sufragio, tal como sucede con las personas condenadas a pena privativa de libertad. ¿Qué se pretende de estas personas a la hora de definir una sentencia, cómo abonar una política de reinserción social y no una de castigo, abandono y marginalidad?”, argumenta el documento.

La Procuración había promovido el derecho al sufragio para las personas que cumplen prisión preventiva, y lo mismo se pretende lograr con quienes tengan condena firme, esperando que puedan emitir su voto en las PASO. Desde el organismo, se advirtió que denegarlo “constituiría un agravamiento de sus condiciones de detención”.