Según explicó el vicedecano de Psicología de la UNLP, Xavier Oñativia, “la nueva legislación establece claramente una serie de recomendaciones para que las instituciones académicas adecuen la formación profesional de sus graduados al paradigma de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental”.

En este contexto, Oñativia destacó que la Ley 26657 avanza hacia un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la problemática de la salud mental, y esto tiene que tener su correlato en las universidades públicas.

“Hasta hace muy poco sólo se formaban profesionales bajo el paradigma manicomial, que propiciaba la figura del “loco” al que es necesario aislar de la sociedad. Ahora llegó el momento de cambiar hacia un paradigma asistencial-comunitario, dejar de hablar de enfermedad para hablar de padecimiento y, sobre todo, considerar a la salud mental como un derecho”, explicó.

Al respecto, la titular del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología Claudia Orleans, fue categórica: “Si aquellas unidades académicas involucradas en forma directa en las políticas públicas del campo de la salud mental, seguimos formando profesionales en los términos del viejo paradigma, la nueva ley nunca se va a poder aplicar y terminará siendo letra muerta”.

Orleans agregó “Estamos en un momento bisagra en términos de enseñanza y formación de grado, pero no se trata de un proceso rápido ni sencillo. Adecuarnos a la nueva ley y avanzar hacia la sustitución definitiva de la lógica manicomial implicará muchos debates, capacitación en todos los niveles, y hasta una profunda revisión de los planes de estudios en distintas facultades”.

Ahora, la UNLP es uno de las principales motores a nivel local para lograr la adecuación de las universidades públicas a las exigencias y recomendaciones de la nueva ley.

Cabe destacar que la norma señala en su artículo 33 que “La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país”.