Esta semana se tratará en la Cámara de Diputados la Ley de Protección del Trabajo que prohíbe los despidos por 180 días y le da la posibilidad al trabajador de optar por una doble indemnización para dejar el empleo.

Desde el gobierno nacional se oponen bajo el argumento de que no hay crisis laboral ni ola de despidos que lo justifique y amenazan con vetar la ley si el Congreso la aprueba. Sin embargo, en un giro desesperado frente al inocultable malestar social, Mauricio Macri pretende desviar la atención con el anuncio de un pacto voluntario antidespidos con los grupos empresarios; los mismos que le negaron solidaridad de clase cuando les solicitó que no remarquen los precios de manera desmedida.

Más allá de esta absurda iniciativa de marketing, ningún sector medianamente formado o informado puede realmente creer que los despidos son una consecuencia no deseada del programa económico, sino que por el contrario, la creciente desocupación es un ingrediente central en el esquema económico diseñado por el Foro de Convergencia Empresaria y aplicado por Cambiemos.

En los nueve documentos publicados desde 2014, que recibieron oportunamente el apoyo del propio Mauricio Macri y de toda la plana mayor del actual gobierno, el FCE plantea claramente la necesidad de limitar la intervención del Estado en defensa de los sectores sociales y productivos más débiles y permitirle al mercado reorganizar la distribución del ingreso. Ya en 2012 Paolo Rocca había reclamado la baja de salarios (en ese momento el promedio del salario industrial era de U$S 24 hoy de U$S13) como medio de recuperación de competitividad, posición que había sido ampliamente difundida por el Grupo Clarín.

Sin embargo, pese a los intentos de desestabilización, corridas cambiarias, presiones externas y al estancamiento de la economía internacional, Cristina Fernández de Kirchner pudo finalizar su mandato con la economía en crecimiento (2,1% según el actual INDEC), la desaceleración de la inflación (25% según Índice Congreso) y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores en promedios similares a los de todo su gobierno.

Tal es así que durante todo el 2015 el debate principal con el movimiento obrero era el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible y las escalas. 2016 arrancó de la misma manera y cuando comenzó a hablarse de la movilización del 29 de abril, todo indicaba que el reclamo principal sería ganancias y la misma se haría frente al Congreso. Pero fue el propio Ministro de Hacienda, el fugador de divisas Alfonso Prat Gay, quien amenazó a los trabajadores diciéndoles que tendrían que optar entre “salario o empleo”.

La cúpula económica supo desde un primer momento que para bajar el salario real no tenían otro modo que permitir el alza generalizada de precios y moderar las paritarias con la suba de unos puntos en el índice de desocupación. Y analizando el resultado debemos reconocer que han tenido éxito, ya que todas y cada una de las paritarias que se están firmando son por debajo de la inflación, que anualizada desde el 22 de noviembre supera ampliamente el 40%.

Esta misma inflación que ha deteriorado el poder de compra de los argentinos es la que sirve de excusa a los sectores agroindustriales para comenzar a exigir una nueva devaluación que inevitablemente ocurrirá en el segundo semestre, y aunque sea mucho más moderada que la incial, oscilará entre un 10 y un 20%, empujando una nueva ronda de aumentos pero ya con las paritarias cerradas. El propio Aranguren señaló que ante una nueva devaluación el deberá aumentar nuevamente el precio de los combustibles.

Según el gobierno nacional, este nuevo escenario de salarios bajos, acceso al crédito internacional y protección estatal al accionar del capital extranjero, atraerá una ola de inversiones que permitirá reactivar la economía. En el propio documento presentado ante los inversores extranjeros “Argentina Tierra de Oportunidades” la administración de cambiemos señala que el ratio de la deuda en dólares es del 13% del PBI, remarcando la posibilidad de endeudarse sin encontrar el cuello de botella en el corto plazo.

Con un PBI sostenido en más del 75% del mercado interno, no tiene sentido venir a invertir pensando en satisfacer las necesidades de ese mercado, que de por sí es muy chico y además se encuentra en retracción. Esas inversiones, si llegaran a venir, van a posicionarse sobre activos existentes a los que accederán a precio de remate. Con este esquema, pensar en más empleo y más oferta de bienes y servicios es una quimera.

El endeudamiento y el remate de los activos nacionales que tanto nos costó recuperar aparecen entonces como el camino para construir un “veranito económico” de cara a las elecciones de 2017, en las que Macri se juega la posibilidad de pensarse más allá de 2019.

Quienes sufrimos la desocupación y el deterioro de las condiciones generales de vida en los 90 tenemos presente que mientras millones de compatriotas caían en la pobreza, una minoría se beneficiaba de la apertura y el clima de negocios y construía con el apoyo incondicional de los medios un espejismo que recién pudimos empezar a destruir con la marcha federal de 1994 y las puebladas que vinieron después.

La reaparición de Cristina el 13 de abril y la movilización obrera del 29 han comenzado a abrir grietas en el relato macrista. La aprobación de la Ley antidespidos no será la solución, porque evidentemente el problema es el modelo económico, pero si será un paso adelante en el esclarecimiento de la situación y en el poder de los trabajadores que se han puesto en el centro de la escena.