La inminente apertura del supermercado que desde hace años tiene su local completamente armado en 120 y 80 se retrasará al menos hasta que se completen los pasos exigidos por la ordenanza 10.334 que regula la actividad. Además, el bloque FpV – PJ presentó un proyecto pidiendo que se suspenda la habilitación por 180 días.

En diálogo con Blanco sobre Negro el titular de la Unión de Comerciantes Minoristas, de Almacenes, Autoservicios, Supermercados, Polirrubros y afines de La Plata (UCMA), Iván Figueroa, aseguró: “Es una buena noticia pero debemos estar atentos. La inauguración estaba prevista para estos días, vamos a controlar que eso no suceda”.

“Se ha incumplido con el proceso de habilitación de supermercados, no habiéndose analizado el expediente en el marco de la comisión de Supermercados del concejo deliberante, donde participan los diferentes actores sociales y organizaciones, según lo establece el artículo 7 de la ordenanza 10.334”, manifestó el concejal Fabián Lugli.

El expediente por el que la cadena tramitó la habilitación de este nuevo local es de larga data y, entre otras irregularidades, no cuenta con el estudio obligatorio sobre el impacto socio-económico que el mismo tendría en el barrio. Ante esta situación alertada por los distintos bloques de la oposición, la comuna decidió suspender el trámite hasta que se cumplan con los puntos exigidos por la normativa.

“En La Plata hay mayoristas que en realidad son minoristas encubiertos. Hay cuatro grandes supermercados que venden al consumidor final. Además están Coto, Vea y Disco, por eso creemos que para la cantidad de habitantes no es necesario traer otro supermercado más”, expresó Figueroa.

“La municipalidad se debería poner a pensar cómo se produce en el municipio. El 95% de los productos en un minorista son de afuera de La Plata, hay muy poca producción local. No hay fábricas de puré de tomate a pesar de que hay una gran producción de esta fruta en la Región”, consideró el titular de UCMA.

Por su parte, el concejal del Frente Renovador, José Arteaga, manifestó: “En hora buena ha definido que se cumpla con la legislación vigente y tenga el tratamiento que corresponde”, y agregó: “Más allá de lo reglamentario tiene que ver con la defensa del comercio minorita, y como afecta la instalación de cadenas”.

Por parte del oficialismo, Julio Irurueta (PRO – Cambiemos) aseguró que el intendente tomó la decisión de “hacer las cosas como corresponde” y “resolvió suspender este proyecto porque el expediente no tenía fundamentos”.

La Policía Local, en el centro de la polémica

Como lo viene solicitando desde hace varias semanas, Gabriel Bruera (FPV – PJ) volvió a presentar un pedido de informes en relación a los servicios prestados por la Policía Local, denunciando que cambiaron su función original de patrullar la ciudad por la de custodiar edificios públicos y comercios, tareas que deberían ser cumplidas por la fuerza bonaerense.

En esta oportunidad, el requerimiento del edil se centró en la situación administrativa procesal de un efectivo en particular que habría sido encontrado utilizando un uniforme de la policía provincial. “Nuestros oficiales terminan dentro de las oficinas públicas cumpliendo horas que debían hacer efectivos de la Bonaerense, y esto es un hecho sistemático que destruye la herramienta de policía local", aseguró el concejal.

La respuesta llegó por parte del edil del Frente Renovador, Luciano Sanguinetti, quien manifestó: "No voy a reivindicar la gestión actual pero no voy a aceptar que la política en seguridad de la gestión anterior tuvo algún tipo de virtud”.

“Estamos en el Concejo Deliberante y no podemos debatir como si estuviéramos en un café sino que deberíamos estar hablando de hechos puntuales como esto que tiene que ver con un hecho de corrupción”, replicó Bruera.

El tanto, el radical Guillermo Ronga consideró: “Cuando hablan de la Policía Local en las escuelas, recuero que cuando a mí me tocó votar había agentes que repartían boletas. El secretario de Seguridad no tiene los policías guardados, sino que fueron redistribuidos”.

Otros temas

El cuerpo legislativo local sancionó en forma unánime una ordenanza que autoriza a la Asamblea Vecinal Parque Castelli a colocar un monumento en “Memoria de las Víctimas de la Inundación del 2 de abril de 2013”.

Por otra parte, este miércoles ingresó el pliego de que propone a María Julieta Casajús a dirigir el Ente Municipal después de la renuncia de Pablo Bolino. En la próxima sesión se refrendará la designación de la contadora recibida en la UNLP que anteriormente trabajó en ABSA y en el Ministerio de Producción bonaerense.

Por otra parte, el Concejo aprobó un proyecto presentado por José Arteaga que solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación el envío de agentes de fuerzas de seguridad federales, principalmente de Gendarmería.

En tanto, la concejal Florencia Saintout (FPV Nacional y Popular) presentó un proyecto de ordenanza para crear la Dirección de Caminos Rurales, dentro del ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La propuesta busca mejorar las vías de acceso para los productores florifrutihortícolas de la ciudad.