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Información General | 10 sep 2016

Opinión

Educación: ¿dónde está el 6% del PBI?

Por Luciano Sanguinetti, publicada en https://lucianosanguinetti.wordpress.com/


¿Por qué la educación en la provincia de Buenos Aires siguió deteriorándose durante el último lustro si la inversión desde el 2010 se elevó al 6% de PBI como indica la Ley de Financiamiento Educativo? La respuesta es simple, porque ese dinero no llegó a las escuelas. Si bien es difícil evaluar cómo se distribuye esa importante masa de recursos, en la que se cruzan diversas jurisdicciones (nación, provincia y municipios), como múltiples dimensiones (salarios docentes, infraestructura, administración o tecnologías), una parte significativa se transfiere, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a los municipios, en lo que se conoce como Fondo Educativo.

Esta partida, que corresponde a la inversión del 6% del PBI en educación que estableció la Ley de Financiamiento Educativo (26.075, de 2006), se asigna en base a la coparticipación. De este modo, desde el año 2013, los municipios reciben una importante masa de recursos con una finalidad establecida: educación, como lo determinó a principios de 2015 el Tribunal de Cuentas. Si revisamos los informes del Ministerio de Economía de la Provincia, el total de las transferencias a los distritos fue de 1.440 millones en 2014. Si consideramos que el presupuesto total asignado a la Dirección General de Cultura y Educación en ese año fue de 53.000 millones y, de ese total, el 96% correspondió a salarios, los fondos asignados por Fondo Educativo representaron el 70% de los fondos de la provincia en materia inversión no personal: 2.120 millones contra 1.440. Para el año siguiente, los datos son todavía más significativos. El Fondo Educativo transferido en 2015 fue de 3.487 millones, y los recursos para gastos no personales de la DGCyE de 2.840, sobre un total de 68.500 millones. En el año en curso, el presupuesto aprobado para el área de educación es de 97.000 millones y el Fondo Educativo estimado es de 5.280 millones. Esto es casi 400 millones por encima de lo que se asigna por fuera de salarios en la DGCyE.

Ya todos sabemos que, salvo excepciones muy puntuales, el sistema educativo en la Argentina es casi exclusivamente nacional (la formación superior) y provincial (la formación básica). Sin embargo, algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires cuentan con escuelas propias (La Plata, Mar del Plata, San Isidro, etc.). Razones diversas, la mayoría circunstanciales y aleatorias, pusieron a esos distritos a cargo de escuelas, en general, de nivel primario o inicial. Pero son los 135 municipios los que cuentan desde hace tiempo con recursos que deberían estar destinados a la educación.

¿Qué es lo que pasa? Muchos municipios no tienen una política clara al respecto. Si consideramos que la provincia de Buenos Aires tiene casi 15.000 establecimientos escolares estatales, los recursos que distribuye el Fondo Educativo alcanzaría para otorgar cerca de 300.000 pesos por escuela durante el 2016. En su fallo el Tribunal de Cuentas fue taxativo a la hora de definir los “fines educativos”: infraestructura, insumos, asistencia y capacitación docente, mejorar del rendimiento de los alumnos. Está claro que a la luz de las ultimas evaluaciones (PISA, 2013; TERCE 2015) que los fondos no se están utilizando para estos fines. La discrecionalidad de los intendentes, la laxitud en la interpretación de la norma, como la falta de interés en el control, hacen hoy posible que parte del esfuerzo que hacen todos los argentinos en provecho de la educación se nos escurra como agua entre los dedos.

Estoy convencido que la participación de los municipios en el control de calidad de los procesos educativos es la clave de las políticas para el sector en la agenda del siglo XXI. En la ayuda y complementación con la Provincia y la Nación en la mejora de las condiciones de trabajo de docentes, apoyo escolar para los alumnos, infraestructura en las escuelas, impulso de la doble jornada, programas de formación para docentes y directivos, mejora sustancial del servicio alimentario, son políticas que pueden bien estar a cargo de los municipios, los municipios que están más cerca de las escuelas y de la gente.

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