Consumidores Responsables trabaja junto a numerosas organizaciones sociales encabezadas por la asociación civil “Aletheia por la Vida”. Plantearon su rechazo al proyecto redactado por el diputado del PRO, Marcelo Wechsler, y apoyan las iniciativas presentadas por los diputados Juan Fernando Brügge y Gabriela Troiano.

Henry Stegmayer, titular de Consumidores Responsables, explicó que, de avanzar el proyecto oficialista, las radiaciones pasarán a ser controladas por un solo organismo y se le quitarán la competencia ambiental a las provincias y a los municipios.

“Nuestras ordenanzas municipales van a pasar a la historia porque, además de quitar competencia, este proyecto no pone ninguna distancia precautoria para antenas ni limita su colocación”, dijo el ex diputado socialista.

Stegmayer precisó que existen otros dos proyectos alternativos en la comisión de Comunicaciones. Un es del diputado cordobés Juan Fernando Brügge que pide bajar la potencia para el caso de antenas de telefonía celular y otro es de Gabriela Troiano, que pide presupuestos mínimos de prevención y control de la contaminación electromagnética

Ambas iniciativas aplican el principio precautorio bajando la potencia a niveles técnicamente posibles para las frecuencias de telefonía celular, respetan las autonomías provinciales y municipales y buscan mejorar la eficiencia de las comunicaciones y protegen la salud.

Además, desde Consumidores Responsables recordaron que “los únicos valores de potencia aceptables para proteger la salud son los establecidos por el Parlamento Europeo, los cuales encuentran aval científico en estudios y documentos publicados (0,1 y 1 microvatios cm2)”.

Además, destacaron que “la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando clasificó a las radiofrecuecias como posiblemente cancerígenas, lo hizo en base a estudios realizados a valores igual y menores a los permitidos actualmente. Con lo cual lo que la OMS dice es que, a los valores de potencia actuales, las radiofrecuencias pueden producir cáncer. De este modo queda obsoleto el argumento de que la OMS apoya los niveles de potencia permitidos en Argentina”.