La Comisión Provincial por la Memoria solicitó que se investiguen las circunstancias de la muerte de un detenido en la comisaría 6ª de Tolosa, y que se tomen las medidas necesarias para evitar el alojamiento de personas en dependencias policiales que no están habilitadas para este fin.

El hombre de 41 años fue encontrado sin vida en un calabozo que se encontraba clausurado de la comisaría 6ª de Tolosa, ubicada en 1 entre 528 y 529 de La Plata. La CPM aseguró que estas muertes son resultado de las políticas de seguridad y la expansión del sistema penal que persigue a los sectores más vulnerables de la sociedad alojándolos en condiciones inhumanas.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, en agosto de 2016 había 2.542 personas alojadas en comisarías bonaerenses que cuentan con una capacidad de alojamiento (camastros) para 1.094 detenidos: más de 230% de superpoblación en establecimientos en los que se prohíbe detener personas de acuerdo a distintas resoluciones ministeriales. En particular, la resolución ministerial 153 /2012 clausuró esta comisaría.

También se solicitó a la Fiscalía interviniente la aplicación de la resolución 1390 que dispone que la investigación sea asumida por el Poder Judicial sin intervención de la policía bonaerense.

Frente a la grave crisis provocada por el alojamiento en comisarías, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comision Interamericana (CIDH), que hizo lugar a la misma y requirió al Estado nacional y provincial que garantice la vida y la integridad física de las personas detenidas. El fallo exige la reducción de detenidos y la limitación de detenciones por períodos prolongados y requiere que el Estado se reúna con los peticionarios. Sin embargo, en ninguna de las dos instancias convocadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia -una incluso con el Relator y Presidente de la CIDH, Dr. James Cavallaro – el Ministerio de Seguridad bonaerense se hizo presente.

Pese a las propias resoluciones del Ministerio de Seguridad y distintos fallos judiciales -entre ellos, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación – se continúa con estas prácticas que incluyen el alojamiento de jóvenes menores de edad y personas enfermas. La decisión de continuar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial produjo un aumento sostenido de personas detenidas, que en la actualidad ascienden casi a 40 mil.

El próximo martes 27 de septiembre a las 18 horas, en el edificio anexo del Senado provincial, calle 7 esquina 49 de La Plata, la CPM presentará su Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.