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Información General | 27 nov 2016

La educación antes que todo lo demás

La crisis aumentó la morosidad en los colegios privados y proponen una ley que protege a los alumnos

Por la suba en los aranceles de los colegios de gestión privada, muchos establecimientos advirtieron a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que la morosidad en el pago de las cuotas ha ido en aumento al calor del deterioro del poder adquisitivo de las familias. Una propuesta avanza en la Legislatura para poner un límite que garantice que lo primero sea garantizar la educación de los chicos.


El Senado de la Provincia de Buenos aprobó esta semana un proyecto de Ley que prohíbe a los establecimientos educativos bonaerenses, públicos de gestión privada, retener o no entregar boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de aquellos alumnos que registren morosidad en el pago aranceles o cuotas.

La normativa estipula que ningún alumno por falta de pago será privado de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en general.

La propuesta es del senador Daniel Horacio Barrera, que citó el caso de la joven de Berazategui, Rocío Galassi “una alumna de las mejores en su curso, que se destaca con excelentes notas en todas la materias, sin embargo, a tres meses de terminar 5° año, desde la secundaria Almirante Brown no le permiten recibirse, ya que su mamá adeuda cuotas por diez mil pesos debido a los tratamientos que tuvo que hacerse por tener leucemia”.

“El derecho de enseñar y aprender está consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, y a nivel provincial la Ley Provincial de Educación N°13688 establece que la educación es una prioridad provincial, y que juntamente con el conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales garantizados por el Estado”, sostuvo el legislador.

También agregó que los establecimientos educativos de gestión privada “están regulados, supervisados y controlados por la Dirección General de Cultura y Educación y de ninguna manera pueden apartarse de la política de estado en materia de educación por una cuestión meramente económica”.

“Por otra parte se brinda una solución definitiva desde el estado provincial, dado que se obliga a la Dirección General de Cultura y Educación a brindar al alumno una vacante para el próximo año escolar en una escuela perteneciente al sistema público de gestión estatal”, finalizó Barrera.

Ahora el proyecto deberá tratarse en la Cámara de Diputados, y podría ser sancionado antes de fin de año.

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