La llegada de diciembre dio lugar una vez más a las clásicas revueltas y protestas carcelarias de fin de año. Ahora, fundadas en la protesta frente al nuevo paquete legislativo que limita las excarcelaciones y las distintas modalidades de salida anticipada, entre otras reformas basadas en la concepción de un derecho penal de emergencia.

Durante los últimos años se instaló una falacia discursiva propalada por los sectores dominantes: la que sostiene que la laxitud y permisividad de las normas procesales y penales han permitido una suerte de puerta giratoria en el sistema penal. Lo cierto es que desde hace varios años se viene endureciendo la legislación, mientras que los resultados no son acordes a los pretendidos objetivos buscados.

El endurecimiento de los requisitos de excarcelación desde los tiempos de Ruckauf, la eliminación del 2 × 1 o el aumento de las escalas sancionatorias con la reforma Blumberg, son algunos de los hitos que, fundados en una pretendida idea de combatir el delito mediante legislaciones más severas, han generado justamente lo contrario: un aumento descomedido de las detenciones que no fueron acompañadas de la pretendida baja de los índices de criminalidad.

El fenómeno de expansión del derecho penal se verifica en una suerte de inflación punitiva, merced a la consagración de nuevas figuras penales, a la rigorización de la prisión preventiva y a modalidades más severas de la ejecución de la pena. ¿Por qué no cede el delito entonces? La respuesta a ese interrogante es compleja, pero lo cierto es que la meneada idea de la pena como medida resocializadora es una ficción discursiva que nada se condice con lo que ocurre en la práctica.

Cuando el Ministro de Justicia bonaerense se escandaliza por la altísima tasa de reincidencia de quienes han pasado por una institución carcelaria, pretende consagrar una pauta de peligrosidad según la cual hay que ser más severo para que quienes están detenidos no tengan la oportunidad de salir.

En verdad, la altísima tasa de reincidencia nos está hablando de otra cosa: nos está diciendo que el Estado ha fracasado rotundamente en la idea de resocializar, y que las unidades de detención se parecen más a una escuela del delito que a una instancia preventora del mismo. El enorme porcentaje de detenidos sin condena, que se encuentra entre el 70 y el 80% de la población carcelaria, es un llamado de atención: la idea de prevenir el delito deteniendo en forma anticipada a quienes se encuentran sometidos a una investigación penal ha devenido en una solución equivocada.

Basta recorrer cualquier unidad penitenciaria bonaerense, o sus comisarías, para advertir que casi el 100% de los detenidos son jóvenes humildes. El sistema penal funciona con un criterio de selectividad fundado en razones de clase social, bajo el andamiaje ideológico y discursivo de prácticas punitivas fundadas en criterios de peligrosidad de los jóvenes humildes de nuestro conurbano bonaerense.

Cuando la dirigencia que gobierna reproduce estos discursos de mano dura, los operadores del sistema penal actúan en consecuencia: desde los jueces hasta las fuerzas de seguridad, ahora legitimados por un poder político que apela al sistema punitivo como mecanismo de resolución de conflictos que debieran ser abordados desde la política y no desde el derecho penal.

Patricia Bulrich estableció un protocolo para los cortes de calle, pero los cortes se multiplicaron. No es una norma sancionatoria lo que va evitar la conflictividad callejera. Si aumenta la desocupación, la conflictividad se multiplicará.

Gerardo Morales dio bandera verde al sistema judicial para detener a Milagro Sala y a otros militantes populares. La idea de resolver una disputa política mediante el encarcelamiento del adversario no es nueva, por lo que llama la atención la torpeza conceptual de quienes insisten en prácticas punitivas que serán superadas por el ímpetu democratizador de los pueblos que no se resignan al atropello. Ni que decir del aluvión de causas judiciales que buscan consumar la revancha oligárquica para cobrarse el avance de los derechos ciudadanos en doce años de gobierno popular.

Desde la sociedad civil, desde la academia y, por supuesto, desde la política debemos reflexionar y hacer un esfuerzo por salir de la comodidad de la demagogia punitiva y de sus discursos legitimantes, tan plenos de lugares comunes cargados de pobreza conceptual. El enorme costo social de las reformas neoliberales no pueden ser abordadas desde la rigorización del sistema penal. Sin justicia social, no habrá leyes severas que alcancen para construir paz social. La paz social es la resultante histórica propia de sociedades integradas, igualitarias, desarrolladas, y no un artificio construido con mano dura y demagogia punitiva.