El presupuesto prevé una proyección de gasto de 521.410.794.201 pesos e incluye, después de muchos años, una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses estimada en el orden del 17%. ámbito.com

La denominada “ley de leyes” fue acompañada en el Senado por todas las bancadas menos por la del Frente para la Victoria y en Diputados por todos los bloques, menos el del FIT y el kirchnerismo, con la excepción de Karina Nazábal, Juan José Mussi, Aníbal Reguerio, Marisol Merkel y Marcelo Torres, quienes votaron a favor.

La sanción del presupuesto logró destrabarse luego que el oficialismo acordara con los distintos bloques del Justicialismo bajar la necesidad de endeudamiento de 93 mil millones de pesos a unos 52 mil millones.

También se incluyó un fondo de 8500 millones de pesos que serán destinados a los municipios, de los cuales el Ejecutivo tomó el compromiso de girar el 30% para marzo y luego el 11% cada vez que tome deuda.

De esa forma, los municipios recibirían en marzo unos 2550 millones de pesos y los casi 6 mil restantes durante el resto del año a razón del 11,4 por ciento de cada endeudamiento que tome la provincia.

Además, se acordó a partir de una solicitud con el Frente Renovador que se incluya una tasa de ingreso en casinos y bingos de 20 pesos coparticipables y un aumento de tres puntos en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para la explotación de bingos, que pasa del 12 al 15%.

La aprobación del presupuesto se logró luego de innumerables reuniones que mantuvieron intendentes del justicialismo con los distintos sectores del peronismo que tienen representación en la Legislatura y que incluyó también la designación de Guido Lorenzino como nuevo Defensor del Pueblo de la provincia.

Durante la sesión en el Senado, el senador oficialista Andrés de Leo afirmó que “este presupuesto permitirá a la gobernadora Vidal trabajar por un Estado más eficaz y que le mejore la calidad de vida a 17 millones de bonaerenses” y añadió que “tiene cuatro pilares: crecimiento en obra pública, inversión social, responsabilidad fiscal e infraestructura productiva para que la provincia empiece a crecer”.

“El pedido de endeudamiento es, sobre todo, para aumentar el gasto social y la inversión en infraestructura: rutas, obras hidráulicas, accesos a puertos, mejoras en hospitales y escuelas. Ello supera los 26 mil millones de pesos, duplicando la proyección para 2016 y superando en 410% respecto de 2015”, explicó.

Por su parte, el senador peronista Patricio García destacó que el año pasado se haya creado un fondo de infraestructura para los municipios a instancias de los intendentes justicialistas, expresó que “más allá de las diferencias, acompañamos este presupuesto por la continuidad de esa idea exitosa que tuvieron nuestros jefes comunales” y dijo que “además, logramos bajar el nivel de endeudamiento”.

Mientras que desde el kirchnerismo, Santiago Carreras planteó: “No acompañamos ni el Presupuesto ni el endeudamiento que marca el artículo 33 porque creemos en la política de desendeudamiento del anterior gobierno nacional”.

La massista Malena Baro, titular de la Comisión de Presupuestos e Impuestos, destacó: “Celebramos la iniciativa de la gobernadora para que se restituya lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, es una decisión política acertada que demuestra valentía política” y analizó que “apenas 650 millones de pesos recibe esta provincia en 2016 y se estima que desde 1995 la pérdida acumulado es de 610 mil millones de pesos, equivalentes a 30.500 escuelas o 40 mil kilómetros de rutas pavimentadas”.

En Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Marcelo Daletto, evaluó: “Estos proyectos prevén mayores fondos para obra pública, inclusión social y prevén mayor responsabilidad fiscal”, aseguró que “nos hicimos cargo de la provincia con una deuda social y de infraestructura del orden de los 60 mil millones de pesos y hoy a un año de gestión podemos decir que la provincia pasó de la emergencia a la previsibilidad” y agregó que después de muchos años la provincia “va a tener déficit cero en materia de gasto corriente”.

Los 521 mil millones de presupuesto implican 107.000 millones más (26%) que el Presupuesto proyectado-ejecutado de 2016, que estuvo en el orden de los 413 mil millones de pesos.

El incremento responde, fundamentalmente, a que para infraestructura se destinarán 43.800 millones, lo que significa un 70% más que lo proyectado en 2016 y cuatro veces lo ejecutado en 2015.

Además, la ley prevé que la inversión real directa destinada a obra pública será de 26.816 millones, cinco veces más que en 2015, por lo que en términos de participación de las erogaciones de capital en el gasto total, aumenta a 8,4% en 2017, frente al 3,7% en 2015 y el 6,3% de 2016.

Según el presupuesto, “el plan de inversión tendrá un impacto positivo en el mercado laboral que generará un efecto multiplicador de la economía que contribuirá a la creación de al menos 70.000 puestos de trabajo directos y algo más de 40.000 indirectos durante 2017”.

El plan de obras propuesto incluye 826 obras, de las cuales 442 son nuevas, por un total de 13.042 millones.

Según se detalló, en obras de agua potable, saneamiento y control de inundaciones se proyectan 215por un total de 9.389 millones y en obras de infraestructura productiva (transporte y energía, entre otras), se estima un total de 28 obras con una inversión de 1.578 millones.

En materia de inversión social, los recursos destinados a “Promoción y Asistencia” aumentan 84% respecto de 2016 y 120% respecto a 2015, y los programas de Salud un 42% anual respecto de este año y el doble que el monto ejecutado en 2015 y los de Educación y Cultura reciben un incremento anual del 26%, un 66% más que en 2015.

Las partidas en infraestructura social recibirán un aumento del 84% en 2017, un 188% más que en 2015, divididos en un incremento del 174% en Vivienda y Urbanismo y 68% en Ecología y Saneamiento Ambiental.

También se sancionó la Ley Impositiva, que contempla las pautas con las que la provincia de Buenos Aires espera obtener los recursos para hacer frente a los gastos y con el que esperan recaudar 200 mil millones de pesos de recaudación propia.

Esa iniciativa prevé un aumento del orden del 36% en el Impuesto Inmobiliario; una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para 120 mil pequeños comercios; y no contempla cambios en el Impuesto Automotor.