La primera reunión se llevó a cabo mientras se vivían momentos de tensión en los centros de detención dependientes del SPB, cuando se multiplicaron expresiones de protesta de los presos, a fines de diciembre. Recordemos que en el penal de Olmos hubo un incendio de magnitud, y reclamos en casi todas las unidades. Fue el pasado miércoles 28 de diciembre.

En el encuentro (cuyos detalles trascendieron días después) estuvieron los referentes de las Unidades 1 de Lisandro Olmos, 8 de Los Hornos, 9 de La Plata y 31 de Florencio Varela, Martín Muñoz, Ricardo González, Viviana Blanco, Cristina López, Cristian Saavedra, Ricardo Colman, Roberto Sosa y Silvio Romero. Por problemas para realizar su traslado no participaron los referentes de la 46 de San Martín.

Representando al Poder Ejecutivo bonaerense estuvo el Director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia, Fabián Arévalo, que coordinó la mesa. También estuvieron por el gobierno provincial el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Sebastián Javier Pereiro, la Directora provincial de Derechos Humanos, Daniela Inés Esmet, el Director del Centro de Recepción de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Martín Ignacio Borrazas, el Director de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Lisandro Olmos, Hugo Piedrabuena, el Director de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, Jorge Castillo y el Director General de Coordinación, Abel Fantone.

El Poder Legislativo estuvo representado por Víctor Hortel, que participó como asesor del diputado provincial por el Peronismo para la Victoria, Gustavo Di Marzio.

En representación del Poder Judicial estuvieron presentes Martín Lorat por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la S.C.B.A, Noelia Vaccarini por la Defensoría de Casación provincial, el Juez Penal de Necochea Mario Juliano (que también participó como Director de la Asociación Pensamiento Penal) y el Juez de Ejecución Penal de Quilmes, Federico Merlín.

En representación de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional estuvo Ignacio Fernández Camillo, por la Comisión Provincial por la Memoria estuvo Roberto Cipriano García, por el Comité contra la Tortura participó Ignacio Di Giano, por la secretaría de Derechos Humanos de la U.N.L.P. Guadalupe Godoy, por el SUTPLA Rodrigo Díaz y por la Defensoría del Pueblo Guillermo Gentile

LA REUNIÓN, LOS AVANCES Y LOS TESTIMONIOS

Los principales ejes que abordó la mesa de diálogo fueron dos: por un lado la cuestión legislativa, donde se puntualizaron rechazos a las reformas de las leyes 24.660 y 12.256 (leyes de ejecución penal nacional y provincial) y se manifestó que el problema se circunscribe a la deficiente regulación penal en la República.

En ese contexto, hubo miembros que pidieron la derogación de las denominadas leyes “Blumberg” (25.886, 25.882 y 25.891), “que resultan inconstitucionales al establecer penas de hasta 50 años de prisión”, manifestaron desde los organismos.

A su turno, los detenidos que participaron del encuentro puntualizaron su reclamo para que se haga efectivo “el respeto a su dignidad como personas”, según se informó.

Este segundo punto fue extensamente desarrollado por Silvio Romero (referente de la Unidad Penitenciaria N° 31 de Florencio Varela), primer orador de la mesa, que puntualizó varios temas.

Comenzó abordando el problema sanitario, donde hizo hincapié en la sobrepoblación y hacinamiento que se vive en las unidades de la provincia de Buenos Aires. Puso como ejemplo la Unidad en la cual se encuentra privado de su libertad: allí la capacidad es de 331 personas, y actualmente hay 995 presos. También resaltó: “Esta situación genera la imposibilidad de garantizar los derechos mínimos a la salud, educación, trabajo y seguridad […] se generan depósitos de personas, donde quienes están, sobreviven”.

Romero resaltó que “la mayoría de las Unidades no tiene un médico de guardia ni equipamiento sanitario adecuado para la pronta atención de cualquier emergencia”. Ejemplo de esto es que en el 2015 murieron 145 personas en contexto de encierro y la mayoría fue por la falta de atención adecuada a enfermedades curables. Luego continuó su exposición señalando la falta de Procuradores en las Unidades Penitenciarias, lo cual imposibilita la viabilización de cualquier tipo de demanda.

EL PROBLEMA DE LOS TRASLADOS

El segundo tema que se trató fue la falta de vehículos por parte de las Unidades. “Esto imposibilita la efectivización de muchos derechos: a la educación, porque no se nos traslada a las clases ni a las mesas de exámenes, a la Salud, porque se complica el traslado ante una emergencia médica, y los procesales, no siendo trasladados a los comparendos a los juzgados y las defensorías” resaltaron los organismos.

“Por ejemplo, la Unidad 31 tiene dos móviles, una camioneta Fiat Fiorino y un Renault 12, ambos en pésimas condiciones, por lo que el Servicio no puede hacer otra cosa que establecer jerarquía en los llamados a comparendo, en esa jerarquía el llamado de un abogado no es tan importante como el del Juez o el Fiscal, y se impide el derecho a la defensa”, expresaron los letrados.

LA EDUCACIÖN

La educación fue otro foco de las demandas realizadas. Se advirtió que la educación primaria, secundaria y de instrucción “se hace inviable porque como se marcó anteriormente, no hay espacios para las escuelas debido a la sobrepoblación y el hacinamiento”.

Para finalizar, Silvio Romero resaltó “la organización y lucha” que se dieron para conquistar la mesa de diálogo, pidió por su continuidad para los encuentros y garantías de que no habría reprimendas por parte del S.P.B. por haber participado de la reunión.

“Pusimos el cuerpo por estos reclamos, más allá de que muchas veces pasemos hambre, ésta vez fue por decisión propia. Expusimos a nuestras familias, las cuales se movilizaron por estas situaciones. Solicitamos una continuidad de esta mesa y la garantía de que no recibiremos”, dijo.

En segundo término, Ricardo Colman, referente de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, tomó la palabra y solicitó que ante las situaciones referidas previamente por su compañero “deberían realizarse estadísticas de las repercusiones que tuvieron las reformas penales en el contexto de encierro […] porque no es enfrascando la delincuencia como vas a solucionarla, porque es un problema social”, expresó.

Luego, Cristian Saavedra, presidente del centro de estudiantes de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, comunicó los 11 puntos (que decidieron junto a sus compañeros), sobre los cuales centraron su reclamo. La consigna fundamental fue “respeto por la dignidad de las personas privadas de su libertad.

Martín Muñoz, presidente del centro de estudiantes, tomó la palabra en representación de los presos de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Lisandro Olmos, y lo primero que peticionó es que “se oficialice y se institucionalice la mesa, reconociendo a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos”.

Remarcó que “la pelea no es sólo por la provincia de Buenos Aires, sino por todas las personas privadas de la libertad del país […] Queremos la modificación del Código Penal, de la legislación penal. Tenemos que dejar de lado las recetas de la mano dura que sólo aumentaron los índices de reincidencia y fueron contra la dignidad de las personas privadas de la libertad”, añadió.

Por último, peticionó que “no se castigue a quienes motorizaron esta lucha, ni se desarme a los centros de estudiantes mediante traslados u otras medidas”.

A continuación, Viviana Blanco, presidenta del centro de estudiantes de la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, resaltó la obtención de la mesa de diálogo “mediante la organización y la lucha”, y “la importancia de esta instancia para todas las personas privadas de la libertad”.

La detenida resaltó en su exposición la vulneración de los derechos de las mujeres en el contexto de encierro, e hizo especial hincapié en las embarazadas y las madres con hijos menores de 5 años.

LA PALABRA OFICIAL

A su turno tomó la palabra el Director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia, Fabián Arévalo, que se comprometió a la firma de un acta compromiso con todos los presentes, dándole carácter institucional a la mesa, y manifestó que no puede comprometerse a que no se traslade a nadie, dado que de haber motivos fundados para algún traslado se debería realizar.

LA CPM

Por la Comisión por la Memoria tomó la palabra Roberto Cipriano García que puntualizó la situación vivida durante la huelga en la Unidad Penitenciaria n° 1 de Lisandro Olmos, donde su Director le manifestó que no podían ingresar a los pabellones porque no se les podía garantizar su seguridad, “postura que es claramente reproductora de violencia, y que en la búsqueda de soluciones no debe repetirse”, expresaron desde la Comisión.

Luego, puntualizó que la mesa debería abordar las reformas legislativas que se están impulsando tanto en nación como en provincia de Buenos Aires, y que hacen al menoscabo de los derechos de las personas privadas de la libertad.

LA PALABRA DEL JUEZ JULIANO

El Juez Penal de Necochea Mario Juliano celebró la realización de la mesa de diálogo, y mostró su interés para que se sostenga y se institucionalice, a nivel general como en cada unidad.

Destacó el balance realizado por los diferentes referentes de las personas privadas de la libertad, y fue especialmente crítico con el Poder Judicial, que integra como magistrado.

OTRAS VOCES

Ignacio Fernández Camillo, en representación de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expresó que “lo central es el reclamo por más dignidad, el cumplimiento de la legislación existente”, y señaló que “no se debe desviar la atención en las reformas legislativas, que son desde ya rechazables por su inconstitucionalidad y necesarias en algunos casos para modificar los paradigmas de mano dura que se han impuesto en los últimos tiempos”.

Fernández Camillo finalizó su intervención resaltando que “no se puede quedar en meras intenciones”, y que “se debe buscar solución a los problemas con la asignación por parte del ejecutivo de las partidas presupuestarias que la crisis que transita el sistema penitenciario requiere”.

El Director del Centro de Recepción de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Martín Ignacio Borrazas, se comprometió a confeccionar y enviar por correo a todos los participantes el acta compromisoria de la reunión, y se acordó como próxima fecha para una nueva reunión de la mesa el lunes 20 de febrero de 2016.