En diálogo con Blanco sobre Negro, el secretario General Adjunto del gremio a nivel provincial, Carlos Díaz, señaló: “Entendemos que la medida delega responsabilidades propias de la provincia a los municipios. Descentraliza los fondos del SAE y vemos con preocupación la política ideológica del gobierno respecto de desentenderse de responsabilidades indeclinables del estado bonaerense como la salud y la educación”.

Respecto al peligro de una posterior privatización del servicio, el dirigente gremial señaló: “Teniendo en cuenta las medidas tomadas en CABA, donde se tercerizó el servicio a empresas de catering para proveer alimentos a las escuelas públicas, sabemos que ese puede ser el siguiente paso en la Provincia”.

“Más grave aún es que en el decreto, los trabajadores también son transferidos a cada uno de los municipios. Hoy dependen de la Dirección General de Escuelas y hay un mecanismo de ingresos establecido por la legislación vigente, que hace que cada postulante ingresa por orden de mérito y por concurso público”, expresó Díaz.

“Desconocemos que va a ocurrir con los trabajadores que hoy son planta permanente, estamos hablando de más de 20 mil trabajadores que en su mayoría tienen más de 15 años de antigüedad. También se desregula la designación de persona, porque en muchos municipios las condiciones laborales están totalmente precarizadas”, añadió.

En noviembre, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció la municipalización de los comedores con una prueba piloto en 12 distritos que abarcar el 20% de la matrícula estudiantil bonaerense, sin embargo mediante un nuevo decreto se invita a adherir al nuevo esquema a todas las localidades de la provincia, haciendo que los fondos sean administrados directamente por los Ejecutivos locales y ya no por los Consejos Escolares.

“La primera explicación que dieron era que tenía que ver con la transparencia que se giran a los Consejos Escolares, pero la transferencia a los municipios no garantiza esa transparencia. Estamos convencidos que esto choca con lo que establece la constitución provincial”, consideró Díaz.

La otra novedad planteada por el decreto conocido ayer es que además de la transferencia de recursos, las comunas también deberán hacerse cargo del personal.

“La medida choca con los derechos de los auxiliares de la educación, y las consecuencias de esta medida son imprevisibles. Por ello ATE rechaza la decisión tomada por Vidal y, como dijimos en noviembre, si la decisión está basada en combatir hechos de corrupción la provincia tiene instrumentos para hacerlo que no sean estos”, alertó el dirigente gremial.