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Ante un anuncio del gobierno nacional

La Juventud Radical expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, confirmó que convocará a una comisión de expertos para que elabore un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil. La intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido. Desde la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires se opusieron a la iniciativa.

por Blanco Negro

05/01/2017

Edad

La Juventud Radical de la Provincia se opuso mediante un comunicado a la intención del gobierno nacional de bajar a los 14 años la edad de imputabilidad, una propuesta que permanece latente desde hace muchos años. El brazo juvenil del partido que integra la coalición de gobierno hizo pública su postura.

El texto completo:

Como hace cuatros años cuando Massa (FR) e Insaurralde (FPV) proponían la baja de la edad de la imputabilidad para los jóvenes, ayer, otra vez en un año electoral, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, volvió a insistir con esa propuesta que consideramos equivocada.

Además de tratarse de oportunismo y demagogia política, creemos que también es consecuencia de una estigmatización que vienen sufriendo los jóvenes (sobre todo los más vulnerables) desde hace mucho tiempo.

Se parte de una concepción de los jóvenes como si fueran seres “desviados” y “peligrosos”; no en la acción misma, sino en la posibilidad de la acción que podría generar “peligro” para sí mismo, para su familia y los demás ciudadanos. Esto se da a través del discurso del “pánico moral”, reproducido sistemáticamente por los medios de comunicación, cuya función es mostrar a los jóvenes a través del miedo, ya que estos cumplen en la sociedad el rol del enemigo interno o chivo expiatorio.

Asimismo, podemos ver que Varios países de América Latina han debatido en los últimos años acerca del límite etario de la imputabilidad penal. En Brasil, Uruguay, Panamá y Costa Rica han surgido propuestas para bajar la edad, a partir de la cual los adolescentes empezarían a ser juzgados como adultos, pero ninguna de ellas prosperó. En el mundo, a excepción de Argentina, generalmente hay un sistema de responsabilidad penal juvenil que, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se extiende hasta los 18 años.

En nuestro país, si bien se ratificó la CDN, nunca se modificó el sistema penal que rige desde la dictadura, el cual habilita a juzgar a los menores a partir de los 16 años a través del sistema de adultos.

El tratamiento que reciben los menores de esa edad depende del juez, porque no hay un procedimiento especial para juzgarlos y habitualmente se los somete a un procedimiento tutelar o de protección por el cual se toman diversas medidas, desde pericias, informes sociales o psicológicos, hasta la privación de libertad. Si dichos «tratamientos» no dan resultados óptimos, al cumplir 18 años se los juzga como adultos. Hace algunos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina en el caso Mendoza, entre otros, por violar el derecho internacional de los derechos humanos tras aplicar el derecho penal de adultos a menores de 18 años, y le ordenó modificar y ajustar su marco legal a las normas internacionales.

¿Por qué le decimos #NoALaBaja de imputabilidad?

• En ningún país de Latinoamérica se encuentra este régimen penal, sino por el contrario, se subieron los años como en el caso de Bolivia.

• Esta medida viola los tratados internacionales referidos a los derechos del niño y de los jóvenes.

• Lejos de la pretensión resocializadora, el encierro temprano implica una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo.

• Según el último Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-20141 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), varios países de Latinoamérica han ensayado políticas de seguridad de mano dura hacia jóvenes y adultos, como el aumento en la severidad de las penas, la represión y el uso de la fuerza, pero no han sido exitosas en el combate hacia inseguridad. Por otro lado, cabe señalar que muchas de ellas han tenido impactos negativos en la seguridad ciudadana de América Latina, como el aumento de los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios, entre otros.

• Entendemos que existe una menor culpabilidad de los adolescentes en relación a los adultos al momento de cometer un delito, dada por la etapa de desarrollo en la que se encuentran.

• Las penas cobran un impacto mucho mayor en la vida de los adolescentes que en la de los adultos y deben ser acordes a la etapa de desarrollo en la que la persona se encuentra. Todo niño, niña y/o adolescente que delinque, son blancos fáciles de las mafias adultas que se aprovechan de la vulnerabilidad social y biológica para no poner en juego su libertad. Realidades como estas son descriptas por las familias de los denominados “soldaditos” en el negocio de los narcos.

• El mundo se dirige a un tener un sistema penal juvenil especializado, aplicando el Derecho Penal de adultos a partir de los 18 años: En Chile, Brasil, España, aplican la legislación de menores hasta los 18 años, mientras que Alemania lo hace hasta los 21 y Austria y Holanda hasta los 23.

¿Qué proponemos?

En los últimos años las penas han aumentado tanto como el delito, mostrando poca eficiencia en la prevención del crimen. Sin embargo, hay una real necesidad de mejorar la educación y de brindar oportunidades reales de integración social y trabajo para los jóvenes, evitando que ingresen en la carrera delictiva. Estas medidas son a las que los países del primer mundo han apostado y que los ha llevado a vivir más seguros y tener mejores condiciones de convivencia.

• Cambiar la mirada del estado sobre los jóvenes: verlos como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, y no sólo como un grupo de riesgo.

• Impulsar leyes que mejoren la problemática de manera socioeducativas y no privativas de libertad, como la ley de emprendedores, la ley de juventudes y la ley de primer empleo.

• Discutir un modelo educativo para el siglo XXl.

• Subir la edad de imputabilidad a los 18 años como lo propone la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

• Rediscutir un nuevo régimen penal juvenil y el tratamiento de menores.

• Impulsar un plan de prevención de las adicciones.

Querer impulsar la baja de imputabilidad es reducir la deuda social a un slogan vacío sin precedentes positivos en ningún lugar del mundo, es querer hacer cargo a los jóvenes más vulnerables, de los problemas estructurales que viene sosteniendo y reproduciendo el estado desde hace años. Es hora de que la clase política se haga cargo y deje de buscar chivos expiatorios. Nosotros los jóvenes, iremos en ese camino, donde seamos protagonistas de nuestros propios cambios.


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