º C Sáb 25 de marzo, 14:34 hrs. La Plata, Buenos Aires.

FULP-ATULP-ADULP

La comunidad universitaria de La Plata se manifestó contra la baja de la imputabilidad

"El Gobierno Nacional busca intensificar el debate durante este año para reformar la ley 22.278 que contiene el Régimen Penal Juvenil centrando la reforma en la baja de la edad de imputabilidad de los 16 años a los 14. Como ya hemos visto en otros momentos de nuestra historia, los hechos acontecidos en nuestro país son explotados discursivamente por los medios de comunicación monopólicos, para que vuelvan a incidir sobre los Poderes del Estado para intentar legitimar reformas en las leyes penales que atenten contra los derechos de los sectores populares", consigna en su primer párrafo el documento conjunto entre las entidades que agrupan a docentes, no docentes y alumnos de la UNLP.

por Blanco Negro

09/01/2017

Fffffffff

Con una prosa firme y una posición clara en torno a este debate, el documento continúa profundizando en torno de estos conceptos y realizando una fuerte defensa de los derechos de los niños y adolescentes:



El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán, afirmó que “la evidencia por muestreo indica a que a partir de los 15 años hay una fuerte incidencia al delito en jóvenes”, y que “el presidente está de acuerdo en dar está discusión” sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, tanto los principales organismos internacionales que tratan cuestiones vinculadas a la niñez y adolescencia, como las organizaciones de derechos humanos, como los indicadores oficiales, contradicen esta política.La Convención sobre los Derechos del Niño – con Jerarquía Constitucional al ser ratificado por Argentina-, trata a lxs niñxs que tienen conflictos con la Justicia sin recurrir a procedimientos judiciales ni a sanciones penales, aunque con respeto pleno de los derechos humanos y las garantías del debido proceso. Otro indicador es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (27-1-2009), que les recuerda a los Estados algunas obligaciones que han asumido frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos: lxs niñxs, además de “titulares de derechos”, deben ser “objeto de protección”, y ello, sólo mediante “medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niñx”, atento a su “condición de vulnerabilidad” y a su “derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”.

La misma UNICEF (organismo de Naciones Unidas con que el Ministro Garavano se jacta de estar trabajando) sostiene que “el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta, contribuye a su desarraigo, a su estigmatización y a su desocialización”. Como también sostiene que lxs menores de entre 16 y 18 años no son el principal problema de la inseguridad, respaldándolo con datos: en 2015 se registraron 817 niñas, niños y adolescentes privados de libertad; 2915 bajo programas de supervisión y 122 en restricción de libertad. Alrededor del 5% de las 76.998 personas privadas de su libertad que censó la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, el proyecto del gobierno, busca estigmatizar y criminalizar la niñez y la juventud, al plantearla no en tanto s ujeto vulnerable, sino en tanto “enemigo” de la sociedad, construido mediáticamente y a pedido de los gobiernos nacional, provinciales y municipales que ven más sostenible económicamente privar de la libertad a una persona en desarrollo, que construir una agenda de políticas públicas con un presupuesto anual que no sea subejecutado.

La política de buscar encerrar a lxs niñxs y adolescentes, no busca resolver ningún problema, sino todo lo contrario. Las cárceles en nuestro país son espacios que potencian la discriminación, la estigmatización y la represión policial. Es decir, encerrar a un niño de 14 años en una cárcel solo potenciaría la situación de vulnerabilidad.

Bajar la edad de la imputabilidad, exacerba el despojo de derechos de la infancia como lugar de protección por parte del Estado. La criminalización de la niñez y de la juventud va en consonancia con la política del gobierno de estigmatizar y criminalizar a los sectores populares, señalándolo mediáticamente como lxs enemigxs de la sociedad, para, de esta manera, ocultar el proyecto de marginación, exclusión social, de pérdida de soberanía, que conducen a nuestro pueblo y a nuestra Patria a la pobreza y al desempleo. Por eso, seguimos reafirmando que la salida es mediante la inclusión social, es mediante la creación de trabajo digno, es otorgando más presupuesto para la educación y la salud públicas y fortaleciendo las redes de participación y organización comunitarias.

Creemos firmemente que lxs niñxs y adolescentes no pueden ser carne de cañón de la política punitivista y mediática que lleva el Gobierno de la Alianza UCR-Cambiemos.




FULP- Federación Universitaria de La Plata
ATULP- Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata
ADULP- Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata


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