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Opinión

La cárcel: El enfrascamiento de un problema social

Por Ignacio Fernández Camillo, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional La Plata.

por Blanco Negro

01/02/2017

Carcel

El último día del año, luego de que el conjunto de personas privadas de la libertad se hicieran oír reclamando que sean respetados sus derechos, el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, anunció que en el 2017 la provincia construirá más cárceles. La respuesta de mano dura institucionaliza la exclusión: en vez de resolver una problemática social, decide encerrarla, aislarla.

Es decir, que la respuesta que encuentra este gobierno a los reclamos de mayores niveles de dignidad de los excluidos, consiste en construir más espacios para confinar la exclusión que sus medidas de gobierno generan.

Aunque esto no se inicia ahora, sino que es parte de una cadena que tiene como eslabones la militarización de las fuerzas de seguridad durante el genocidio, con el modelo económico que se impuso con el Plan Cóndor, con la noche neoliberal donde se construyeron más cárceles que fábricas en Argentina, con las gestiones de seguridad y justicia durante el sciolismo, donde Casal y Granados fueron los estandartes de las políticas de mano dura.

Las líneas de análisis son muchas y todas concluyen en una síntesis, con más cárceles no se soluciona nada, absolutamente nada.

Está claro que el gobierno necesita contener la exclusión, y la mejor forma conocida por el liberalismo es la criminalización y el encarcelamiento.

Así es que vemos cómo se criminaliza a los trabajadores de la economía popular, cuidadores y lavadores de autos en la vía pública, feriantes en las plazas, puesteros en las calles, vendedores ambulantes, carreros, sufren los embates de las fuerzas de seguridad de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, se estigmatiza y se criminaliza el laburo de lxs humildes, se los corre del “centro” de las urbes, se les saca sus caballos, se explota sus hogares en villas y asentamientos con los diferentes pretextos, pero siempre con la misma premisa: “mayor seguridad”.

La reforma en el proceso penal realizada durante el sciolismo, mediante la cual se instituye el procedimiento de flagrancia, allanó el camino de las fuerzas de seguridad en la criminalización de los excluidos. Esto disparó los números de prisionización en la provincia, pasando de 28.000 en 2009 a 35.000 en 2015. Este proceso se vio fortalecido por el incremento abrupto de condenas que permitió el procedimiento de flagrancia instituido, siendo que en 2009 cerca del 80% de las personas privadas de su libertad se encontraban en prisión preventiva, y en 2015 esa cifra se redujo a un número cercano al 60%.

Ahora en 2016, el nivel de prisionización creció exponencialmente, de 35.000 a más de 40.000 personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Casi el mismo crecimiento que en los últimos 6 años de sciolismo.

Estas cifras evidencian la saturación del Poder Judicial, se limita a legitimar el actuar policial, cualquiera sea su criterio. Juzgados de Garantías atestados de detenidos cada turno, con la urgencia de los plazos de la flagrancia para las condenas; fiscalías encerradas en sus despachos con un desconocimiento absoluto de lo que sucede en la calle; cómo es que se aumentó exponencialmente los niveles de detenciones, cómo es que está jugando esa criminalización secundaria clasista.



Atrás de los últimos de la fila

Una de las particularidades de esta etapa de ajuste y entrega por parte del gobierno de cambiemos, fue que los excluidos se hicieron escuchar. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular fueron parte de las grandes movilizaciones este año, reventaron la plaza de mayo el 7 de agosto pidiendo “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, para luego el 18 de noviembre conquistar la emergencia social logrando un piso de dignidad y el reconocimiento de sus derechos como trabajadores y trabajadoras, en una movilización histórica a la legislatura nacional junto a los trabajadores y las trabajadoras formales.

Ante el hacinamiento provocado, el flagrante menoscabo a sus derechos y la exclusión que sufren, el conjunto de las personas privadas de la libertad se hizo escuchar. En el encierro los métodos de reclamo son más arriesgados, el conjunto de las personas privadas de la libertad durante semanas expusieron su salud en una gran huelga de hambre.

Silvio Romero, referente de la Unidad 31 de Florencio Varela supo expresar: “Pusimos el cuerpo por estos reclamos, más allá de que muchas veces pasemos hambre, ésta vez fue por decisión propia”. El logro fue ser reconocidos como sujetos de derechos, con la conformación de una mesa de diálogo con miembros de los tres poderes y organismos de derechos humanos. En esa mesa, Ricardo Colman, referente de la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata, con una claridad que al Ministro de Justicia pareciera faltarle, expresó que “debieran realizarse estadística de las repercusiones que tuvieron las reformas penales en el contexto de encierro […] porque no es enfrascando a la delincuencia como vas a solucionarla, porque es un problema social”.

De eso se trata: del enfrascamiento de un problema social. Cambiemos atrasa, no es novedad, y a pesar de haberse pensado difícil el atraso en materia de seguridad luego de la gestión de Scioli, el anuncio del Ministro de Justicia muestra cómo las políticas en materia de seguridad llevadas adelante por la gestión de Scioli allanaron el terreno para que ahora María Eugenia Vidal refuerce las políticas de ajuste y entrega con una mano dura liberal, como institucionalización de la exclusión.


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