Las políticas de vaciamiento, precarización y ataque a todas las condiciones de dignidad y estabilidad laboral han sido una constante respuesta de esta gestión a las demandas, algunas históricas, de los trabajadores. Dan cuenta de ello, las políticas salariales y de descuento a los paros, así como los intentos de despido y distintos focos persecutorios que han tenido lugar.

Tristemente para los compañeros de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) no es una novedad que, tal como hemos venido denunciando desde hace tiempo, el vaciamiento de funciones, recursos y presupuesto en dicha repartición es un hecho con el que se convive y que se profundiza aún más. Pese a los reclamos, conflictos y denuncias realizadas, ésta política de vaciamiento institucional que la gestión venía negando, solo le faltaba su oficialización, la que ha sido consumada el 28 de diciembre del año recién terminado, mediante la firma por parte del Ministro Finocchiaro de la resolución 951/16. Por la misma se estarían creando la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora Provincial y subordinadas a ésta otras direcciones provinciales incluida la Dirección Provincial de Administración de la Infraestructura.

Este cuadro no solo viene a confirmar lo que ya constituía una realidad de hecho, dado que la transferencia de funciones y recursos hacia la UEP, absorbiendo de ese modo funciones propias de la DPIE, viene siendo desde hace tiempo una práctica sistemática, sino que directamente se pretende legalizar esta circunstancia ya en forma explícita y manifiesta creando un organismo paralelo a la vez que se des-financia y se erosiona la capacidad de respuesta y la institucionalidad de la DPIE.

La ley Provincial de Educación 13.688 en sus artículos 74 y 75 crea la figura de Inspector Jefe regional de Infraestructura y establece sus funciones. A su vez en su artículo 115 establece que:

La Dirección General de Cultura y Educación tendrá a su cargo la administración de la infraestructura escolar a través de un organismo técnico administrativo específico a fin de garantizar la construcción y habitabilidad de los espacios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Para el cumplimiento de sus incumbencias, este organismo implementará un sistema de supervisión de la infraestructura escolar en el territorio, designando para ello inspectores de infraestructura regionales, los que aseguran la colaboración, participación y articulación con las funciones específicas que tienen los consejos escolares en cada distrito.

Y los artículos 116 y 117 indican claramente cuáles serán las misiones y competencias en lo referente al desarrollo, coordinación, diseño de normativas, proyectos, ejecución, seguimiento y fiscalización de obras escolares, así como también que

_ …tendrá a cargo la coordinación de las políticas edilicias en función de planificación y control del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura escolar… _

Claramente todas estas misiones y funciones son las que la DPIE viene llevando a cabo desde su creación hace más de treinta años. Cuenta con una planta de trabajadores profesionales, técnicos y administrativos, tanto en sede como en todo el territorio de la provincia, especializados y con experiencia en la gestión de la Infraestructura Escolar. Desde hace varios años el desvío sistemático hacia la UEP de las funciones propias y específicas de la DPIE han ocasionado un vaciamiento institucional en sus niveles político institucional, técnico, profesional y de recursos. Toda esta circunstancia no hace más que erosionar la dignidad laboral de los trabajadores que ven como se licúa el sentido de su labor a la vez que se diezma la capacidad de dar respuesta a la devaluación salarial.

Denunciamos además que estas políticas de vaciamiento tienen por principal objeto el desmantelamiento y achicamiento del estado en función de la flexibilización de las condiciones laborales y del retiro de sus misiones de controles que le son obligatorios a éste, todo ello con el objeto de favorecer el interés del lucro privado y la promoción de la precarización laboral.

La gestión de Vidal-Finocchiaro-Barra continúan profundizando el ataque contra la dignidad y calidad del trabajo Estatal. En este mismo sentido recordamos que en DPIE no solo no se han provisto ningún recurso presupuestario para el cumplimiento de las obligaciones de la repartición, no se han provisto de los recursos e insumos mínimos de funcionamiento y seguridad, sino que se ha pretendido responsabilizar a los trabajadores, quienes han tenido que soportar en forma persistente malos tratos y persecuciones que han sido debidamente denunciadas. A lo largo del año pasado fueron reiteradas las ocasiones en que la gestión puso en marcha políticas tendientes a desarticular la DPIE. Desde el desmantelamiento del área del Programa GIRE, la realización de un relevamiento provincial sin disponer las condiciones mínimas para su realización satisfactoria en los plazos pretendidos, con el intento de realizar dicha tarea por vías externas, en forma tercerizada. La orden de terminar dicho relevamiento por vía telefónica sin contar con un protocolo diseñado para tales fines.

La realización de licitaciones que no fueron informadas a ninguna de las instancias técnicas y administrativas correspondientes. La confección de un plan de obras que desconoce manifiestamente las reales condiciones del trabajo y de la comunidad educativa. La contratación de un cuerpo de asesores que absorbió las naturales tareas de distintas áreas técnicas desvirtuando el circuito de trabajo. La implementación de criterios de rendimiento propios del ámbito privado como medio de evaluación del trabajo y a su vez realizado por asesores sin ningún tipo de experiencia en el trabajo público. La falta manifiesta de comunicación con los trabajadores.

Por todo lo señalado exigimos que se respete la dignidad, calidad y estabilidad laboral de todos los trabajadores y la debida garantía de las condiciones que permitan a la DPIE el cumplimiento de todas las misiones y funciones que le son propias. Rechazamos en forma contundente la creación de organismos y circuitos paralelos que menoscaben el trabajo de los compañeros y que se hagan usufructo de las condiciones de precarización laboral en la que se encuentran los trabajadores de la UEP.