El decreto firmado por Mauricio Macri modificó la ley de migraciones, acortando los pasos para la expulsión de extranjeros con antecedentes penales e impidiendo la entrada de aquellos que tengan antecedentes en su país de origen. Distintas organizaciones critican que esta medida está acompañada de un discurso xenófobo y estigmatizante.

En medio de la manifestación denominada “plantón” que tuvo lugar en la sede local de Migraciones (1 y 44), Blanco sobre Negro habló con uno de los integrantes del Consejo de Consulta del Perú en La Plata, Juan Quesquén, que manifestó: “Hubo bastante gente, tuvo muy buena repercusión. Quedamos en reunirnos la semana que viene para ver como continuamos”.

Además de la colectividad peruana, participaron organizaciones de inmigrantes bolivianos y paraguayos. También estuvieron organizaciones de Derechos Humanos como la Correpi y agrupaciones políticas como Barrios de Pie, el PTS y Libres del Sur, entre otros.

“Probablemente nos reunamos con funcionarios de la Defensoría del Pueblo. La idea es poder hacer algo bastante amplio porque estas medidas nos afectan a todos”, expresó Quesquén.

“Más allá del decreto, es criticable la forma en que se fue desarrollando todo. Días antes de la publicación, la ministra Bullrich habló del narcotráfico y lo circunscribió a la inmigración sólo de Perú, Bolivia y Paraguay. Hay una clara intención de estigmatizar”, agregó el integrante del Consejo de Consulta.

“Nuestro objetivo no es defender al que delinque, pero esto pone a todos los inmigrantes en situación de inferioridad de la ley ante los nativos”, criticó el organizador del “plantón” en Migraciones.

“No es muy claro el decreto en cuanto a los delitos, porque si bien habla de la trata y el narcotráfico también da lugar a que un migrante que cometa cualquier delito pueda ser expulsado a disposición de un juez sin posibilidad de apelar. Por ejemplo en un acto como el de hoy, cortamos la calle y a justicia podría establecer que es una contravención”, señaló.

“A las personas que quieren ingresar al país se les aplica un proceso similar, una persona que no tiene sentencia, sino sólo una denuncia, tampoco puede ingresar”, concluyó Quesquén.