El titular del Ministerio de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, de una presentación ante la cartera laboral nacional para establecer una “serie de multas a las organizaciones gremiales que no acatan las conciliaciones obligatorias”.

En ese sentido, Villegas advirtió que estas sanciones pueden ser “muy importantes” y detalló que serían entre el “50 al 2000 por ciento de un salario mínimo vital y móvil por la cantidad de afiliados. O sea pueden ser multas muy importantes.”

“Si el conflicto, el Ministerio de Trabajo de Nación puede llegar a trabajar sobre las cuestiones que tiene que ver con la personería gremial. Se puede, por ahí, pedir la suspensión provisoria y hasta definitiva de la personería”, se animó a decir el funcionario bonaerense que ratificó que se descontara el día de paro.

Sin embargos, las amenazas quedaron inocuas a las pocas horas porque el juez en lo Contencioso y Administrativo N° 2 de La Plata, Luis Arias, admitió una medida cautelar solicitada por el SUTEBA y la FEB, ordenando al poder Ejecutivo a que “se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho a huelga de los trabajadores afiliados a las entidades actoras”.

“Para el caso de no arribar a un acuerdo de partes, la solución del conflicto deberá recaer en algún órgano imparcial que sea creado transitoriamente de común acuerdo y al solo efecto de resolver la negociación paritaria”, agrega el fallo.