El conflicto que mantuvo en vilo a los usuarios de colectivos a fines del año pasado se volvió a reactivar. Los choferes denuncian que en febrero hubo nuevos despidos a pesar de que se había firmado un acuerdo que lo impedía y decidieron volver a bloquear la terminal de la empresa Expreso ubicada en Ruta 11 y 620, impidiendo la circulación de todos los ramales de la Línea Este menos el 12 y el 13 que dependen de otra firma.

En el segundo día, la medida de fuerza se extendió a las líneas 520 y 518. En diálogo con Blanco sobre Negro, Federico Giordano, uno de los choferes de paro aseguró: “El año pasado se dictó una medida cautelar que ordenaba retrotraer la situación al 17 de octubre con la reincorporación de los despedidos, la cancelación de las sanciones, la apertura de una mesa de diálogo y la mejora de las condiciones de trabajo, pero lo único que se hizo fue la instalación de unos contenedores para los ramales que no tenían cabeceras para descansar entre cada recorrido. El resto no avanzó en nada y volvimos a sufrir despidos nuevamente”.

El secretario general de la UTA La Plata, Oscar Pedroza, aseguró a este medio: “No se trata de despidos sino de ceses de contratos, gente que estaba contratado y que la empresa no los renueva porque es el personal que se toma temporariamente para cubrir los periodos de vacaciones. Además de eso hay tres trabajadores que fueron despedidos con causa, algunos de estos casos ya están judicializados”.

Los choferes en conflicto denuncian que son obligados a trabajar en doble turno en negro y que son más de 50 que participan del paro. Sin embargo, el titular del gremio asegura que son sólo 20 y que el resto son “personas que nada tienen que ver con el transporte, que ingresaron a la empresa encapuchados, portando armas de fuego”.

El conflicto con la línea Este se vuelve más complejo de resolver porque es mantenido por un grupo de trabajadores que formaron una agrupación que integra el grupo sindical clasista Interlíneas junto a los choferes de la Línea 60 de CABA y los metrodelegados del subte. “Cortamos todo tipo de relación con el gremio porque no nos respondía y ahora tomamos nuestras propias determinaciones”, comentó Giordano.

Desde la UTA informaron que el resto de los trabajadores decidieron en asamblea “no apoyar la medida de fuerza y comunicar a través de la organización gremial a la empresa la disposición de trabajar, lo que es imposibilitado por el bloqueo de la terminal”.

En lo que coinciden tanto los trabajadores en conflicto como la UTA es que hasta el momento no hubo intervención alguna de la Municipalidad. “Creo que en algún momento las autoridades tendrán que resolver la cuestión”, expresó Pedroza.

Sobre el futuro del conflicto, desde la empresa apuestan a que la justicia acceda a la denuncia penal presentada y ordene un desalojo del predio, como sucedió el año pasado. Los choferes sostienen que hicieron todos los pasos previos para garantizar la legitimidad de la medida de fuerza.

“Quiero recalcar que no se trata de un problema que se pueda dirimir en el ámbito laboral porque tiene características para que se ocupe la justicia penal, no la laboral. Independientemente de las armas de fuego, entiendo el hecho de tomar una propiedad privada está fuera del marco legal, por eso resalto ante la prensa que la amplia mayoría de los trabajadores están dispuestos a prestar el servicio cuando sea posible para deslindar responsabilidades”, aseguró el titular de la UTA.