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Opinión

Apagón, represión, encierro y torturas, otro caso de violencia institucional

Por Juliana Díaz

por Blanco Negro

18/03/2017

Jp

Nuestra sociedad actual se distingue por distintas inseguridades que se presentan en una misma vía pública. Es decir, podemos reconocer ciertos miedos diferenciados a partir del sector social al cual pertenezca el sujeto en cuestión. Esto es, los sectores mejor acomodados socioeconómicamente se encuentran todo el tiempo reclamando al Estado políticas de más control y seguridad (utilizando esos conceptos casi como sinónimos) para que “no te roben” o “no te maten por un celular”. En caso contrario, ciertas personas que integran los sectores más vulnerables del sistema, han de preocuparse porque “no te maten por elegir no salir a robar”, “no te maten por acceder a salir a robar” , “no te maten por ser villero” , “no te maten por ser negro” o , básicamente, “no te maten por ser".

En este marco ocurre el caso que nos compete. Es así como, desde esta sociedad clasista comprendemos cuando una madre entre lágrimas
nos decía “yo tenía mucho miedo”. Este hecho entonces no es un caso aislado sino que invitamos a entenderlo como el reclamo a una política de Estado basada en la “limpieza social” y en la persecución política. Los sucesos a narrar ocurrieron en el barrio Néstor Kirchner, ubicado en la periferia de la ciudad de La Plata, el viernes pasado a las 3 AM. Fue en ese momento en que vecinos del barrio se habían organizado para cortar la esquina de la Avenida 520 y 179, con el fin de protestar la falta de servicio de luz hacía tres días.

La respuesta de la empresa (Edelap) fue la de solucionarlo en una semana. Entendiendo el servicio de luz en un hogar, o un espacio laboral, como un derecho de cualquier ciudadano (sumado a los costos que uno como trabajador, estudiante, madre/padre de familia, sabe con los que cuenta cada vez que se queda sin luz) que la empresa suponga que los vecinos deban “aguantar en calma” diez días su recuperación suena hasta perverso.

Por ese motivo decidieron cortar la calle, ese “desorden social” con el cual
la policía justificó la represión con la que accionó en la madrugada de la fecha, sin discriminar edades (en el la movilización del jueves una mujer estaba con un bebé que tenía todo el ojo arruinado por el gas lacrimógeno que tiraron) de manera azarosa y salvaje.

No solo que disparaban con balas de goma a menos de dos metros de distancia como puede verse en los vídeos subidos en la página de la Campaña Nacional contra la violencia institucional. La Plata, sino que además la noche acabó con cuatro vecinos presos (Matías y Carlos Altamirano, Elías Salles y Carlos Cabrera). A todo esto, vale aclarar que el servicio de luz volvió a las dos horas del conflicto.

De esta manera, los cargos que se le imputaron a los cuatro presos fueron: atentado contra la autoridad , daños agravados , extorsión en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. Estas causas, han demostrado ser unas excarcelables y otras hasta inventadas (como aquella que afirma que habían roto un patrullero a piedrazos y cuando se quiso ir a ver las condiciones del vehículo a la comisaría séptima, no había tal patrullero). Inmediatamente, el día sábado se organizaron los vecinos del barrio, compañeros de militancia de los dos hermanos presos, diputados, abogados, intelectuales, y ciudadanos que se iban enterando del caso y se sumaban a la lucha para reclamar justicia por los pibes presos por luchar.

En consecuencia, el lunes 13/03 se organizó un corte en 8 y 57. Al día siguiente, la Campaña Nacional contra la violencia institucional. La Plata había comunicado
(…) Luego de la represión y las torturas, sigue la criminalización de la protesta, y no hay posibilidad de todo esto, sin la legitimación judicial. (…) el abogado de la campaña presentó un hábeas corpus para que los pibes sean alojados en una Alcaldía y les sean garantizado el mínimo de sus derechos, cuestión que no fue así en las comisarías que estuvieron alojados de manera ilegal.

(…) Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional hacemos directamente responsable a la Gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de seguridad de la provincia Cristian Ritondo, al Juez Federico Guillero Atencio, a la Agente Fiscal Betina Lacki, a la Defensora Oficial Sofía Rezzonico de Bernard y a los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías Raúl Dalto y Carlos Ariel
Aguero de la intefridad física de los pibes durante todo su encierro e iniciaremos correspondientes acciones legales por la privación ilegítima de la libertad que vienen padeciendo.

Así, finalmente, se convocó para el día jueves 16 de marzo a las 9.30 horas una movilización popular mientras se llevaba a cabo la audiencia pública para exigir la libertad de los cuatro presos; para denunciar, además de su injusto encierro, la violencia física que sufrieron los presos desde que entraron al patrullero, los maltratos, la falta de comida y vestimenta (a pesar de que la familia les
había llevado ambas cosas) y por sobre todo para gritar bien fuerte ¡basta de violencia institucional!.

Una masa popular fuertemente organizada cortó la avenida 7 sobre la esquina de 56 durante aproximadamente 4 horas, hasta que finalmente, a eso de las 14
hs, comunican sobre un escenario, que habían liberado a los 4. Cuatro sujetos devastados, sufridos, dolidos, golpeados por la policía. Cuando nos informan acerca de su libertad, Diego Fernández Camillo, en representación del Movimiento Evita -responsable político de la JP Evita -, cuenta que lo primero que le dijo su compañero Matías (el preso más chico que nunca antes había pisado una comisaría y que, según comentó la madre, era el más golpeado) fue -hoy voy a militar más que nunca -. Esa frase demuestra que la limpieza
social que quieren ejercer nunca será efectiva. La historia argentina ha demostrado que siempre que quisieron por las armas callar al pueblo, desaparecer un partido y asegurar “el orden social” contra la “subversión”, no nos han vencido.

Hoy, un día después de la liberación de los cuatro, festejamos lo mejor que podría haber pasado dado el horror vivido en la semana. Seis días presos, injustamente, y violentados de múltiples formas. Este fue un claro hecho de violencia institucional que se suma entre los miles y miles que se viven en el país. Por eso mismo, es necesario seguir denunciando y buscar justicia por estos casos, pero por sobre todas las cosas, es fundamental que todos salgamos a la calle organizados contra la violencia institucional. Hoy más que nunca, la lucha sigue.


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