La asociación civil presidida por Mariano Lovelli logró detener el tarifazo en julio del año pasado ante la falta de una audiencia pública previa a la aprobación del aumento.

El reclamo del CEPIS ante Edelap argumenta que luego del temporal que afectó a miles de usuarios de la Región, la empresa tardó hasta 14 días para restablecer la energía, “dando claras muestras de falta total de eficiencia, planificación y por sobre todo de mantenimiento de las instalaciones, principalmente en las zonas periféricas de La Plata como en barrios linderos de Berisso y Ensenada”.

Además, la presentación señala que por las altas temperaturas de esos días “resultó imposible mantener alimentos, comida y medicamentos refrigerados, produciéndose una pérdida total de dichos productos”.

El reclamo colectivo también expresa que por la falta de energía en muchos domicilios ocasionó la falta de agua, lo que no fue acompañado por “políticas de abastecimiento para poder paliar la situación”.

Por otra parte, el CEPIS denuncia que por la falta de energía se efectuaron infinidad de reclamos que “no han sido debidamente sustanciados ni respondidos” y menciona que en un “acto verdaderamente repudiable” la empresa llegó a cerrar sus persianas para no atender a sus usuarios.

“Venimos a solicitar de forma colectiva una compensación económica para cada uno de los usuarios afectados por la interrupción del suministro desde el día 5 de febrero y hasta su efectiva normalización, buscando la reparación del daño ante las pérdidas sufridas por los mismos mediante una reparación de carácter universal, la cual deberá efectivizarse”, detallaron desde el CEPIS.

Para aquellos que tuvieron hasta 24 horas de interrupción de servicio se solicita una reparación de $ 429,79; aquellos que tuvieron hasta 48 horas de interrupción, se solicita una reparación de $ 888,24; aquellos que tuvieron hasta 72 horas de interrupción, se solicita una reparación de $ 1.332,36 y así sucesivamente.

Este resarcimiento sería sólo por haber sufrido la falta de energía eléctrica, sin tener en cuenta daños a electrodomésticos, lo que debería abonarse aparte.

El reclamo se basa en la ley 11.769 que en el artículo 67 inciso f establece el reconocimiento a “ser compensado por los daños producidos a personas y/o bienes de su propiedad, causados por deficiencias en el servicio público, imputables a quien realiza la prestación.”