“La policía jujeña irrumpió en el predio universitario en la noche del 12 de abril, cuando el Centro de Estudiantes de la Facultad realizaba un asado que contaba con autorización del decanato. El operativo, que incluyó cinco móviles y numerosos efectivos armados, concluyó con la detención de dos jóvenes, uno de ellos el Presidente del Centro de Estudiantes. Ambos fueron puestos en libertad al día siguiente, luego de que el Decano de la Facultad reclamara por esta situación ante las autoridades provinciales. La policía, entretanto, no sólo negó inicialmente conocer el paradero de los estudiantes detenidos, sino que alegó haber intervenido en virtud de que se habría estado cometiendo una contravención”, expresaron desde la CONADU.

También señalaron que “el accionar policial no podría ser legal bajo ningún punto de vista, en tanto la autonomía universitaria implica que ‘la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida’. En la historia de la universidad argentina, sólo las dictaduras han vulnerado esta garantía”.

Los docentes universitarios también se refirieron a la situación en la provincia del NOA: “Jujuy vive un ‘estado de excepción’. En la provincia que desde enero de 2016 mantiene irregularmente presa a Milagro Sala y un grupo de militantes de la Tupac Amaru, y en la que el hostigamiento y la persecución política han generado un clima de terror que atenta contra las libertades democráticas, este hecho se suma a las incesantes violaciones del Estado de derecho que el abuso de poder del gobierno provincial promueve, y el discurso revanchista y violento de los funcionarios del gobierno nacional estimulan”, opinaron.

Por último, exigieron al Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, “que se exprese claramente condenando esta violación de la autonomía universitaria”, y reclamaron del Consejo Interuniversitario Nacional “un urgente pronunciamiento de repudio en relación a esta situación”. Además, criticaron al gobierno de la Provincia de Jujuy y al Estado Nacional. Pidieron que “junto al esclarecimiento de este hecho, asuman su responsabilidad de velar por el respeto de la Constitución Nacional y que respondan de manera urgente las demandas de cumplimiento de los Pactos Internacionales que comprometen a la Argentina en la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional”.