En el peor momento, el juicio político parecía inevitable. Sin embargo, el mantenimiento del número inicial de víctimas y el viraje de la discusión mediática hacia la responsabilidad moral del músico hicieron que el intendente dejará de ocupar el primer puesto en el ranking entre los responsables.

En Olavarría la oposición eligió preservar la institucionalidad y el oficialismo aceptó el pedido de interpelación al intendente como opción menos grave. El 27 de marzo, Galli contestó por escrito 324 preguntas de los concejales, deslindó responsabilidades en gobierno bonaerense y culpó a la empresa productora.

A su término, el entorno del joven PRO se envalentonó con encuestas que aseguran que su imagen no se vio dañada y decidió dar por terminado el tema.

Sin embargo, muchos temas no quedaron resueltos. El papel de la municipalidad en el alquiler del predio, un campo propiedad de una cooperativa agraria en quiebra, y la aparición de la comuna como garante en el contrato con la productora son investigados por el fiscal de Azul, Christián Urlezaga.

Otro punto escabroso para la gestión es la venta de bebidas en puestos habilitados por el gobierno local a cambio de 8 mil pesos, algo que el intendente intentó esquivar con una vil mentira. En la interpelación, Galli aseguró que no se permitía la venta de alcohol, cuando los vecinos saben que el mismo jefe comunal aconsejaba en reuniones previas al recital stockearse con latitas de cerveza.

Además de la interpelación, el Concejo Deliberante aprobó la formación de una comisión investigadora compuesta por ediles de todas las fuerzas. En diálogo con Blanco sobre Negro, Einar Iguerategui de Olavarría por la Victoria (OPV), bloque referenciado con el anterior intendente, José Eseverri, detalló: “Ya se hicieron tres reuniones. Lo primero que hicimos fue pedir la versión taquigráfica de la interpelación para ver cuales preguntas quedaron respondidas, cuáles evadió y que documentación se comprometió a acercar”.

La comisión trabajará sobre ejes que tratarán las causas judiciales por el alquiler del predio (que está en concurso de acreedores), la logística y habilitación de puestos, seguridad, salud, relación con los gobiernos provinciales y nacionales, y el trabajo previo con los vecinos.

“Ya pedimos alguna documentacion. Requerimos la copia de las libretas sanitarias que el intendente dijo que se pidieron a los puesteros y también documentación sobre cómo ingresó el dinero que le cobraron a los vendedores para habilitarlos”, explicó Iguerategui.

Ahora comenzarán las citaciones, aunque los funcionarios no tienen obligación de asistir. Para la semana que viene se invitó al jefe de Bomberos de Azul, que dio el permiso habilitante para 155 mil personas, el jefe de Bomberos Voluntarios de Olavarría y el director de Defensa Civil del municipio.

“La información que pedimos hasta ahora no la han acercado. No vemos buena voluntad, el oficialismo intenta dar el tema por cerrado. Esta semana se verá si envían al funcionario municipal que invitamos a la comisión”, expresó el edil eseverrista.

Respecto a los temas que más dudas generan respecto a la participación del municipio, Iguerategui expresó: “Un tema candente es el control del factor ocupacional y el otro la venta de alcohol que el municipio fomentó pero que en la interpelación el intendente negó. El otro tema que puede tener consecuencias pero por la vía judicial está relacionado al papel del municipio en alquiler del predio y su rol como fiador y garante”.