Las organizaciones que rechazan la reforma denuncian que implicaría un recorte de derechos para todas las personas privadas de su libertad, al restringir la posibilidad de salidas y endurecer las penas, “desconociendo el estado actual de las cárceles y la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes las habitan; y favoreciendo al recrudecimiento de las condiciones de hacinamiento”.

“La reforma establece diferencias en la progresividad de la pena según el tipo de delito institucionalizando la desigualdad ante la ley, le brinda mayor poder de decisión y arbitrio al Servicio Penitenciario Federal; y burocratiza el proceso, lo cual alargará el tiempo de permanencia de las personas tras las rejas”, aseguraron.

A su vez, el proyecto restringe las salidas transitorias y la libertad condicional, así como también limita las posibilidades de incorporación al régimen de semilibertad, como los casos de los detenidos que trabajan fuera de la cárcel durante el día y regresan al penal por la noche.

El corazón de la nueva ley implica “endurecer” los requisitos que debe cumplir un preso para obtener su libertad, por lo cual desde el lunes los detenidos están llevando a cabo acciones como huelgas de hambre y asambleas para que no se recorten sus derechos.

Hasta el momento están en huelga declarada la cárcel de Devoto y la 1 Olmos, pero otras unidades se encuentran en estado de alerta a la espera de lo que suceda en el Congreso.

La iniciativa que ya tiene media sanción en Diputados y sería tratada esta semana en el Senado fue impulsada por el radical Luis Petri y Mónica Litza, integrante del Frente Renovador. Petri, de estrecha relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya logró establecer una nueva ley de Ejecución Penal en Mendoza, provincia que se sumó a Río Negro y Misiones, provincias que ya tienen su norma local excediendo la normativa nacional.

En diciembre del año pasado, se presentó un escenario similar cuando el gobierno quiso tratar la reforma y varios penales del país empezaron una huelga de hambre. Esta medida logró dilatar la discusión y conformar una mesa diálogo entre los detenidos y los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Provincial Por la Memoria, entre otros actores.

Sin embargo, el femicidio de Micaela apuró la discusión y este martes podría aprobarse en el Senado. Los internos critican que la modificación otorga mayor relevancia a los informes del Servicio lo que afecta a toda la población sea cual sea el delito cometido.

Las organizaciones reclaman que también se pongan en escena las problemáticas y los derechos de los que son privados los internos que exceden la limitación a la libertad ambulatoria. “Estos van desde el hacinamiento, la falta de colchones y comida en buen estado, las dificultades para acceder a la educación pública, las condiciones de sanidad”, expresaron. Sin embargo, este intento de diálogo quedó trunco al volver a la carga con la discusión en el Congreso de la reforma.

El año pasado se hizo una huelga de hambre por más de 15 días. Se inició en Devoto y se extendió a la Unidad N°1 de Olmos y a otras unidades de la provincia. Los internos denuncian que el servicio penitenciario tomó represalias, se trasladó a los que eran vistos como referentes de la protesta o desarmaron los espacios de asamblea.