El pedido lo formuló el fiscal ante la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, en la causa en la que están imputados el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

También están procesados los ex comisarios Sebastián Cuenca (de la 3ra. de Los Hornos), Raúl Frare (de la 12da. de Villa Elisa), Sebastián Velázquez (de la 2da. de Barrio Norte) y Julio Sáenz (de la 6ta. de Tolosa) y Juan Retamozzo (de la 4ta).

Salvo Retamozzo, los otros ocho ex jefes policiales estuvieron detenidos hasta el último 24 de enero cuando un fallo del Tribunal de Casación bonaerense ordenó su excarcelación.

En la causa también estuvo preso con ellos el ex comisario Federico Máximo Jurado (de la 16ta.) pero fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria Nueve de la capital bonaerense.

Retamozo fue el único ex jefe policial que se negó a una pericia caligráfica que pedía el fiscal debido a que de los 36 sobres incautados en la Departamental La Plata el 1 de abril de 2016, tres indicaban que su origen era la comisaría 4ta.

Ante ello, Martini procesó a Retamozo por asociación ilícita al considerar que “fue autoincriminatorio” el hecho de que el ex comisario no participara de esa prueba.

Los ex jefes policiales están acusados del delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)” mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”

La causa se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas.

A partir de entonces, se realizó un procedimiento en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61, donde se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

Al hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por Martini, la jueza dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia consideró que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

En su fallo, sostuvo que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Entre ellos, cita el caso de una remisería que pagaba 300 pesos por semana o de un supermercado que entregaba mil pesos, ambos para garantizar la seguridad en sus comercios.

Para Garmendia, los jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”.

Consignó también que el dinero que se les exigía a los comerciantes se obtenía “valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial” y detalló que los ingresos de los jefes de las comisarías que iban a entregar los sobres con dinero “no se registraban en el libro de guardias de la Departamental.
La falta de registro de ingresos pone en evidencia la clara intención de evitar registro alguno del personal policial que concurría al lugar a entregar el dinero mal habido y asegurar su impunidad, graficó.

Pese a que el fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de La Plata, en enero último un polémico fallo de la Sala de feria del Tribunal de Casación provincial ordenó la libertad de los policías.

Ante esa situación, Garmendia prohibió la salida del país y le dictó la inhibición general de bienes a los ocho ex comisarios imputados en la causa.

“Permanecen vigentes todas y cada una de las consideraciones efectuadas en torno a la existencia del peligro procesal de fuga y entorpecimiento probatorio que ameritaron nada más y nada menos que el dictado de la prisión preventiva”, sostuvo.