El secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, Juan José Garat, aseguró a Agencia TSS que “la situación de los pequeños productores de La Plata es muy crítica”.

Y agregó: “Hay un problema estructural que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Más del 90% alquila hasta dos hectáreas de superficie, a un costo mensual de 4.ooo a 6.000 pesos por hectárea”.

La crisis que vienen denunciando desde hace años se profundizó en los últimos meses con la fuerte devaluación que elevó los costos de los insumos, los fuertes aumentos en la energía eléctrica que utilizan para extraer agua y los temporales que ocasionaron grandes pérdidas.

El coordinador de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, Carlos Carballo, aseguró agencia de la Universidad de San Martín que las condiciones de comercialización son “muy desafortunada por el poder de los intermediarios y el nivel de atomización de la producción hace que quienes cultivan reciban apenas entre un 10 y un 15% del precio de venta de los productos en el comercio minorista”.

“A esto hay que sumar el impacto negativo de la suba del precio de los insumos, que afecta a todos por igual, porque usan semillas y agroquímicos importados que duplicaron o triplicaron su valor”, agregó.

En La Plata además se agregan el mal servicio de Edelap con constantes cortes de luz y la mala condición de los caminos, que dificultan el acceso a las quintas, en especial en los días de lluvia. También alertan sobre la inseguridad que están viviendo en la zona, donde hace días fue asesinado un quintero por una banda armada que disparó a quemarropa luego de llevarse 60 mil pesos.

“En la Argentina hay mucho territorio y poca población rural. Queremos que el Gobierno lo tome como política pública porque eso genera mucha mano de obra, pero hoy hay muchos compañeros al borde de dejar de producir alimentos”, advierte Hipólito Madariaga, representante de asociaciones de pequeños productores en el Frente Agrario del Movimiento Evita.

La Ley 27.118, “de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina” que fue aprobada en 2015 el Congreso nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y los fondos previstos para su cumplimiento nunca fueron asignados.

Carballo también aseguró que en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hay un cuestionamiento a los programas vinculados al desarrollo de la agricultura familiar, “con la única excepción del Pro-Huerta, que es un programa que financia el Ministerio de Desarrollo Social y que está teniendo un financiamiento realmente importante, de prácticamente el doble que el año pasado”, afirmó Carballo, y concluyó: “Todo lo que se venía haciendo en relación con la agricultura familiar y la alimentación popular ha perdido continuidad, vigencia y territorio. Por todo esto, uno podría pensar que no son casualidades, sino políticas explícitas”.