“Resulta obvio el conflicto con un cargo público que debe decidir sobre la aprobación de desarrollos urbanísticos en toda la provincia. La Ley de Acceso Justo al Hábitat dice con claridad en su artículo 16: ‘Las políticas de vivienda y hábitat son una función y responsabilidad pública y, por lo tanto deben garantizar la defensa de derechos colectivos por aplicación del principio de la función social de la propiedad’”, resaltaron a este portal ex miembros de la Cámara de Empresarios de Desarrollos Urbanos que se alejaron de la entidad hace pocos meses.

Dicha Cámara fue presidida por Eduardo Costantini, el factótum de Nordelta, la estrella y el emblema más importante de la expansión de los countrys en la Provincia de Buenos Aires.

Constantini es, según aseguran quienes lo conocen, un poderoso empresario pero también un hábil y duro lobbysta. “De lo contrario no habría amasado la fortuna que acumuló”, destacó un conocido empresario inmobiliario platense ante una consulta de Info BLANCO SOBRE NEGRO.

Por estos días, Constantini, que sigue ligado a Nordelta, colocó mediante una fuerte presión a su yerno en un área clave de debería controlar la expansión del lucrativo negocio al que se dedica él.

Se trata de Dante Galeazzi, cuyo decreto de nombramiento en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, se conoció hace pocos días y puso en pie de guerra a una importante cantidad de actores ligados al área: urbanistas, empresarios medianos y chicos, ambientalistas y especialistas en hábitat.

El escándalo todavía no repercutió con fuerza en los medios de comunicación porque la maniobra se manejó en forma reservada y con mucho cuidado de que no trascendiera.

Pero es imposible tapar el sol con las manos: a Dante Galeazzi le quedan por delante muchos cuestionamientos a su designación, protestas, impugnaciones y la tarea de hacer equilibrio entre los intereses públicos y los privados, una asignatura en la que – sobre todo a nivel nacional – Mauricio Macri tiene saldo negativo, y un deber pendiente no menor: transparentar los actos públicos y hacer que el Estado responda al interés general y no a los negocios de algunos particulares.