Es sabido que uno de los grandes temas que sobrevuela la problemática de la seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires es el rol y la centralidad que asume su cuerpo policial, la tristemente célebre “Bonaerense”. Diversas investigaciones (Saín, 1998; Arslanian y Binder, 1997; Dutil y Ragendofer, 1997) han constatado que el cuerpo policial provincial supo adquirir niveles de autonomía y autogobierno que han impactado desfavorablemente en la posibilidad de asumir un control político eficaz sobre las fuerzas.

En efecto, la “auto-gobierno” de la policía en la provincia viene siendo un tema apuntado por diversos especialistas como uno de los problemas estructurales en lo que refiere a la gestión en seguridad. La tristemente célebre “maldita policía” se fue consolidando alrededor de la figura del Crio. Ramón Camps, quien al mando de las fuerzas policiales tuvo un papel central en la represión sistemática diseñada por la dictadura militar de 1976-1983. Desde entonces, la fuerza ha venido mostrando una fuerte autonomía y autogobierno, alimentando y promoviendo las actividades ilícitas de las que miembros de las fuerzas forman parte. En este sentido, desde varios sectores se llamó a avanzar en gestiones políticas que pudieran ejercer un mayor control político-civil sobre la fuerza.

El primer dato que constatamos es que en el 38% de los municipios, el principal responsable de la seguridad proviene de la carrera policial, mientras que el 62% restante, no. ¿Pero qué sucede con la pertenencia política? Si tomamos los municipios gobernados por la Alianza Cambiemos, el porcentaje de personal policial asciende al 45%, mientras que en el caso de los partidos gobernados por el Frente Para la Victoria, este valor es del 31%, 6 puntos por debajo de la media provincial y 14 puntos por debajo de los valores de Cambiemos.

Asimismo, cuando se observan las características poblaciones y demográficas, encontramos una mayor presencia policial a cargo de la seguridad en los municipios grandes y medianos (de más de 20.000 habitantes) y, en la misma línea, es en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires en donde se registra mayor peso policial, 4 puntos por encima de lo registrado en los municipios que no pertenecen al AMBA.

Como puede inferirse de esta información, existe en la provincia de Buenos Aires desde el 2015, una tendencia hacia la policialización de las gestiones municipales en seguridad. A contramano de los intentos por avanzar en el control político de las fuerzas de seguridad pública, en los últimos dos años la presencia de policías a cargo de la seguridad municipal creció sensiblemente, mostrando una orientación clara en este sentido.

Una lectura válida al respecto puede ser la que vincule esta mayor presencia policial, con los repetidos discursos punitivistas que, también, se han visto crecer en las pantallas y en la voz de responsables políticos destacados. La mirada punitivista sobre la cuestión de la seguridad, por definición, supone desatender otras dimensiones de la problemática, especialmente aquellas vinculadas a la estructura socio-económica, la desigualdad y la exclusión. En tal sentido, lejos de sorprender, la policialización de la seguridad en la provincia de Buenos Aires aparece en sintonía con una lógica punitivista que la contiene y explica.

Finalmente, este esquema, adquiere su relevancia y sentido al interior de un modelo económico manifiestamente regresivo, cerrando un círculo que, más allá de juicios de valor, presume coherencia. Implacable y fatalista, pero coherencia al fin.