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En el marco de la nueva Ley de Niñez

Los colegios de la UNLP intervendrán en situaciones de violencia también afuera de la escuela

La nueva Ley de Niñez compromete a las instituciones educativas a ocuparse de todas las personas menores 18 años más allá del ámbito escolar. Esto implica que el personal educativo debe estar muy atento a los niños y jóvenes desde la perspectiva de sus derechos. En ese sentido, los episodios de violencia deben llamar la atención de los docentes no sólo en el interior del colegio, sino también en el ámbito social y familiar.

por Blanco Negro

10/07/2017

Colegio

Un equipo de especialistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata capacita y acompaña en la resolución de situaciones conflictivas a los docentes de los colegios pertenecientes a esta casa de estudios para intervenir en situaciones de violencia compleja, dentro y fuera de la escuela.

El equipo del Consultorio Jurídico Gratuito del Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, perteneciente a la Facultad de Derecho se encuentra integrado por abogados y trabajadores sociales que ofrecen asesoramiento sobre el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y acompañan en diversas estrategias de abordaje interdisciplinario en casos específicos.

Los talleres de capacitación se realizaron en cuatro colegios de la UNLP: Escuela Graduada Joaquín V. González, Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional, Liceo Víctor Mercante, y contaron con la participación de directivos, docentes y no docentes.

Carola Bianco, directora del Programa Niñez, DDHH y Políticas Públicas de la Facultad, a cargo de las clases explicó: “Se trata de acompañar a las escuelas en un rol fundamental que le asigna la ley, para que todos los niños y jóvenes puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación. La nueva normativa plantea muchos cambios y coloca al sistema educativo en el papel central de acompañar a los jóvenes y a sus familias en el marco de un sistema de promoción y protección que debe ser fortalecido a través de la exigibilidad de todas las instituciones con las que debe articular”.

“En los encuentros orientamos al personal de los colegios sobre el rol de la escuela en la nueva normativa legal para la niñez y la adolescencia, los asesoramos sobre a quiénes recurrir para articular intervenciones de manera integral, cómo construir datos que sirvan al Estado a remover obstáculos para la accesibilidad a las políticas públicas por parte de los niños/as y sus familias”, explicó la profesional.

Lo que hacemos – agregó Bianco – es “orientar hacia una mirada atenta de las personas adultas en la resolución de problemas de convivencia, desde una perspectiva de derechos humanos donde los adultos somos responsables de encarar procesos de resolución de conflictos con la participación protagónica de los propios niños y jóvenes”.

“Estos procesos de restitución de derechos deben fomentar la construcción de herramientas por parte de los jóvenes para fortalecer su autonomía. Por otra parte, la intervención temprana de los docentes puede evitar la escalada de los conflictos y su posible agravamiento”, continuó.

Cabe destacar que la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño le otorga a la escuela un nuevo rol en la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad de los niños y jóvenes y su involucramiento en los procesos de restitución de sus derechos humanos.

Carola Bianco remarcó que “los talleres buscan que la comunidad educativa desarrolle herramienta para abordar situaciones que afectan la convivencia en la escuela para diseñar juntos estrategias de intervención con propósitos educativos y no punitivos”.

Otro de los puntos importantes del trabajo es la apropiación de un marco conceptual y jurídico centrado en la conceptualización de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y la escuela como garante y promotora de los mismos.

Bianco enfatizó en que “la capacitación apunta a acompañar a los docentes de estos colegios que han asumido el compromiso de conformidad a lo que establecen estas leyes. La tarea central consiste en desnaturalizar el castigo a los jóvenes (a través de la culpabilización que se ha hecho históricamente hacia sus familias), deconstruir el paternalismo del Estado inscripto en las practicas e intervenciones escolares, fomentando el protagonismo y consecuente responsabilización de los niños y jóvenes, y desarrollar junto a ellos, la escuela y sus propias familias estrategias de abordaje integral”.



LA MIRADA DESDE LOS COLEGIOS

La directora de la Escuela Anexa, Claudia Binaghi, opinó: “Este encuentro nos permitió avanzar en la construcción de herramientas y en el desarrollo de estrategias de intervención para abordar las situaciones conflictivas que impactan sobre los derechos de los niños”.

“Paralelamente hemos entablado un vínculo de consulta y colaboración permanente con los responsables del Programa que nos permite afrontar las situaciones de vulneración de derechos con mayor conocimiento y seguridad”, explicó la docente.

Sobre esta experiencia, Susana Ramírez, titular del Bachillerato de Bellas Artes, manifestó: “Docentes y no docentes de la institución tuvimos la oportunidad de pensar juntos el profundo cambio de paradigma que introdujeron las nuevas leyes, debatiendo en torno a que este enfoque de derechos en políticas públicas debe instar a la reflexión sobre las prácticas institucionales desde una perspectiva democrática, promoviendo acciones y reformas concretas como herramientas dinámicas para la construcción de ciudadanía como uno de los objetivos centrales de la escuela”.

Desde el Colegio Nacional, Ana García Munitis, expresó “es fundamental generar espacios de trabajo y capacitación docente en el marco de la Ley 26.601. Estas acciones apuntan al fortalecimiento de las políticas de formación docente que defiende y proclama nuestra institución. La finalidad de los talleres fue acercar al docente herramientas de intervención ante una situación en la que estuvieran involucrados los derechos de los adolescentes”.

Para Constanza Erbetta, a cargo del Liceo Víctor Mercante, “es central en nuestra institución trabajar en el marco de las leyes de Educación Nacional y la de protección integral de los derechos del niño que establece que Estado, familia y sociedad son corresponsables en su desarrollo. Esta ley hace que se redefina el rol de la escuela, se reactualicen nuestras funciones y debamos capacitarnos y coordinar con otros organismos del Estado la aplicabilidad de las normas”.


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