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Opinión

Está en riesgo la continuidad del programa Incluir Salud

Por Gabriela Troiano (Candidata a diputada nacional , Frente Socialista y Popular PBA)

por Blanco Negro

30/07/2017

Troi

El acceso a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales y desde el socialismo venimos trabajando históricamente por mejorarlo y asegurárselo a todos los argentinos. Por eso, no podemos pasar por alto lo que está sucediendo con la posible transferencia del Programa Federal Incluir Salud (PROFE), sistema nacional creado para garantizar el acceso a la salud a sectores vulnerables de la sociedad como son los beneficiarios de las pensiones no contributivas, al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El mayor riesgo de este traspaso es que el IOMA no podrá asumir las responsabilidades que conlleva el mencionado programa, con su consecuente desfinanciamiento, lo que empeora las prestaciones tanto de los estatales afiliados al IOMA como de los beneficiarios del PROFE. A modo de ejemplo, IOMA tiene hoy una demora de tres meses en la entrega de medicamentos oncológicos.

Son alrededor de 400 mil personas las que usan el PROFE, su ejecución fue delegada a través de un convenio al Ministerio de Salud provincial por parte de su par nacional, que conserva la administración del programa. El PROFE debe cubrir las prestaciones incluidas en el plan médico obligatorio, así este sistema asiste, entre otras problemáticas, con medicamentos a personas carenciadas con enfermedades complejas.

Sin embargo, tanto el PROFE como el IOMA funcionan deficientemente, sobre todo en la asignación de fondos que suelen llegar tarde y de forma recortada.

Esto no escapa a una triste realidad: la alta tasa de reclamos en materia de salud en Argentina, que alcanza al 53% de la totalidad de reclamos contra el Estado. Con respecto al PROFE, se han detectado muchos pedidos por falta de suministros, drogas oncológicas y prótesis, cuestiones que no avizoran una mejora en el caso del traspaso del programa.

Asimismo, hay que aclarar que el Estado nacional no puede girar los fondos sin establecer un sistema de recepción y monitoreo de reclamos de los beneficiarios para garantizarles el derecho a la salud. No se puede desentender con la entrega de los fondos a las provincias, especialmente cuando los fondos se demoran meses en llegar y eso repercute en la calidad de vida de las personas que no tienen cobertura social y dependen únicamente del PROFE.

Las enfermedades empobrecen a las familias porque los tratamientos, las intervenciones y los servicios de rehabilitación que necesitan, por ejemplo, las personas con discapacidad, son en la mayoría de los casos de muy alto costo, y esto destruye cualquier economía hogareña, más allá del nivel de cobertura que se tenga. Son más de un centenar los trastornos oncológicos, inmunológicos y hereditarios que pueden empobrecer a una familia cuando los tratamientos necesarios superan el 34% de los ingresos e incluyen medicamentos con precios en dólares.

Gremios, personas con discapacidad y otros grupos afectados por esta transferencia ya han expresado su preocupación sobre la política que intenta aplicar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien firmó hace unos días el decreto 234/17 que convalida el traspaso.

Nuestra voz se suma a esta alerta, para eso hemos presentado en el Congreso Nacional un pedido de informe para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que responda a una serie de cuestiones en relación con la problemática. Entre ellas: cuál es el presupuesto del PROFE asignado a cada provincia, si existe un monitoreo de los reclamos de los beneficiarios a fin de controlar el grado de cumplimiento de las autoridades provinciales que reciben los fondos, cuál es el atraso promedio en la provisión de los fondos a las provincias para cubrir medicamentos, insumos y prestaciones incluidas en el programa, qué mecanismos para atender los reclamos se han previsto para que llegue la cobertura a quienes tiene que llegar y qué cobertura de salud se ha previsto para aquellas personas con discapacidad a quienes se les ha dado de baja la pensión no contributiva hasta que se les regularice su situación.

Si bien es cierto que el sistema de salud debe reconsiderarse en su totalidad, interrumpir, demorar u obstaculizar el acceso a las personas con discapacidad o aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad no es la forma.

Como diputada nacional y conociendo de cerca la problemática de salud de nuestra provincia, considero que está en riesgo la continuidad del funcionamiento del PROFE si se concreta el traspaso. Lejos de mejorar el acceso a la salud, derecho fundamental, estamos presenciando una política que no asume y soluciona los problemas. Traspasar el PROFE es patear para adelante una situación que se agrava cada día en nuestro país.


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