En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, la presidenta de la ONG “La Mirabal” e integrante de la Comisión por la Liberación de Mariano Bruera, Flavia Centurión, aseguró: “Entregamos un petitorio en el Ministerio de Seguridad y pedimos una audiencia urgente con el ministro, Gustavo Ferrari, que estaba en Capital Federal. Quedaron en llamarnos por teléfono”.

“Lo mismo hicimos en la Municipalidad de La Plata porque el secretario de Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, se hizo presente en las audiencias de la causa en las que están imputados Mariano y los demás ex funcionarios. Queremos saber cuál es su interés en la causa porque no entendemos que rol cumple este funcionario”, agregó Centurión.

Los ex funcionarios están alojados en la cárcel de máxima seguridad de Magdalena. La causa por una suspuesta “asociación ilícita" está a cargo del fiscal Jorge Paolini y juez es Pablo Raele. La defensa de los detenidos reclama el otorgamiento de la prisión domiciliaria hasta que haya una sentencia firme.

Este viernes, la comisión entregará el petitorio en la Secretaría de Derechos Humanos y en Gobernación. Además, el 22 realizarán una marcha para exigir la libertad de los ex funcionarios.

“Estamos convencido que Mariano Bruera y los demás compañeros son presos políticos, no hay motivo para que estén privado de la libertad porque no hay juicio ni condena. No nos oponemos a un juicio justo pero si al tratamiento judicial que sobrepasa el principio de inocencia, cuando todos los imputados se presentaron cada vez que el juez lo requirió. No hay elementos en la causa que hagan pensar que pueden llegar a obstaculizar ni la investigación que ya está terminada ni el juicio oral que todavía no tiene fecha”, aseguró Centurión.

El petitorio entregado por la Comisión

Después de 2 años y medio de investigación judicial sin que medie denuncia, juicio, ni condena y sin ningún hecho nuevo en la causa, el fiscal Paolini solicitó la detención de funcionarios de la gestión anterior, particularizándose en la persona de Mariano Bruera por ser portador de apellido. Lo único que cambio desde el principio de la investigación al día de la primera detención fue el gobierno.

Hacia fines de diciembre de 2016, tanto el Fiscal Paolini como el Juez Raele ordenaron la detención en cuestión de horas. En plena feria judicial de verano, sorprendentemente, todas las medidas se aceleraron para provocar la detención, ordenada por la Jueza Garmendia, madre de un alto funcionario del intendente Julio Garro.

Sin embargo, el mismo 13 de enero, Mariano y el resto de los militantes fueron liberados por orden de Casación Penal que consideró que la medida era ilegal. Pero el gobierno mandó a apelar la liberación en la Corte.

El máximo tribunal provincial dijo que el caso se debía revisar. En este marco y sin indicaciones de la Corte, el Juez Raele volvió a pedir la detención de Mariano Bruera y el resto de los ex funcionarios, lo cual se produjo nuevamente a una velocidad inusitada en cuestión de minutos, cuando el procedimiento habitualmente demora meses.

La defensa apeló la decisión de revisión de la Corte, por lo que no está firme y torna ABSOLUTAMENTE ILEGAL LA DETENCIÓN.

Pero el colmo se da cuando el segundo pedido de detención se produce cuatro meses después de haberse cerrado la etapa de investigación. Así se desvirtúan los dos motivos por los que el Juez puede solicitar la prisión preventiva, que son el entorpecimiento de la investigación (que está cerrada) y el peligro de fuga (absolutamente injustificable, ante la presentación espontánea de Mariano Bruera y los demás ex funcionarios ante la justicia).

Por otra parte, la defensa solicitó la detención domiciliaria de nuestro compañero, beneficio que se otorgó a otros imputados en la misma causa. El fiscal no se opuso y el Juez ordenó hacer las pericias necesarias para otorgarla, pero sorprendió a todos que a la audiencia de morigeración asistieran en persona los más altos funcionarios del intendente Julio Garro, que no cumplían ningún rol en el lugar.

Éstas son sólo algunas de las injusticias e irregularidades que se sucedieron a lo largo de este proceso, y que nos llevan a afirmar con toda claridad que se trata de una persecución política y judicial sobre militantes políticos y sociales. Particularmente ensañándose en la figura Mariano Bruera, tomándolo (por su apellido), como símbolo del disciplinamiento y temor que se pretende instalar en toda la sociedad.

Además de tratarse de una puesta en escena de Cambiemos que se repite en el marco de una campaña electoral y que se enmarca en los diferentes casos de persecución que se dan a lo largo y ancho de nuestro país y a la utilización de la violencia institucional y la represión como forma de contener el conflicto social por parte del gobierno.

Así llegamos a una situación en la que LA JUSTICIA NO PUEDE JUZGARLOS PORQUE NO HAY JUICIO, EL GOBIERNO NO PERMITE LA LIBERACIÓN PORQUE HAY ELECCIONES, POR LO QUE LOS DETENIDOS SON REHENES.

Por lo expuesto, los abajo firmantes solicitamos:

2. Basta! a la persecución política a los militantes populares.

3. Libertad de todos los presos políticos, sociales y gremiales.

4. Cese inmediato de la intromisión y hostigamiento del gobierno de Cambiemos en el poder judicial.

5. Basta! a la judicialización de la protesta y oposición.

6. Aparición con vida de Santiago Maldonado.