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Opinión

El Estado argentino es responsable de los femicidios

Para Info BLANCO SOBRE NEGRO, escrita por Martina Casano: periodista que actualmente reside en España. Realizó su Máster en la Universidad Complutense de Madrid.

por Blanco Negro

19/09/2017

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En Argentina, una mujer muere cada 18 horas por violencia de género. Si bien la noticia no es nueva, no deja de resultar alarmante. La cifra de femicidios en el país incrementa año tras año. A pesar de que el tema ganó visibilidad gracias a movilizaciones como ‘Ni Una Menos’, aún no hay una respuesta directa por parte del Estado, al que se lo acusa de ser responsable de los femicidios.

La falta de amparo a las víctimas de violencia de género, revela la ausencia del Estado. Uno de los casos más recientes es el de Mirta Schossler, quien con tan sólo 31 años, murió degollada en manos de su ex pareja, Daniel Aguirre. Schossler había realizado la denuncia por violencia de género. Ella misma se presentó en la Oficina de Violencia Familiar de la Corte Suprema, donde una especialista determinó que el caso presentaba un “alto riesgo psicofísico”. Es por eso que el Juzgado Civil N°9 fijó una prohibición para que el hombre no pudiera acercarse a 200 metros de la mujer o de sus hijas.

La prohibición fue en vano. Schossler murió el día que se presentó en el departamento del atacante, acompañada por la Policía, con la intención de recuperar sus pertenencias. Mirta caminó hacia su propio crimen escoltada por las autoridades policiales, con la confianza de creer que la respaldarían. Ante la grave falta de los policías que la acompañaron, la Justicia condenó al Estado por no haber evitado el femicidio con un pago de 4.000.000 pesos.

El Estado es responsable del femicidio de Mirta, así lo determinó la Justicia en una condena nunca antes aplicada. La resolución se mantiene en línea con otra medida implementada recientemente, luego de que la Legislatura porteña aprobara la “Ley Brisa”. Dicha ley, contempla la reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que cada 18 horas, un niño se queda sin madre en el país, por los femicidios. Otra de las caras, de una problemática compleja.

En Argentina desde 2008 hasta el primer semestre de 2017, 3.158 niños y adolescentes perdieron a su madre por violencia de género. La compensación económica es un avance. Aunque es parte de una lógica invertida. En lugar de focalizarse en políticas preventivas, que ayuden a reducir la cantidad de casos, se trabaja en lo que sucede después, cuando ya es demasiado tarde. Compensar a los hijos de víctimas, representa sin dudas, una ayuda necesaria para esos niños que perdieron a sus madres. Sin embargo, no deja de ser una medida complementaria. Esta nueva ley, abarca la superficie de la problemática sin ir más allá y atacar las causas de la misma, desde sus raíces.

Implementar medidas después de que se haya producido la muerte, es asumir que la misma no se podría haber evitado. Mientras que esa no es la realidad. Basta con investigar sobre los casos, para darse cuenta que el Estado no está respondiendo como debería. Mujeres que a pesar de haber hecho la denuncia, mueren. Mujeres que desaparecen y nadie las busca.

Cada muerte por violencia de género, es producto de la inacción estatal. Es el resultado de la falta de políticas efectivas que ayuden a prevenir las muertes. Las víctimas de violencia de género no confían en las instituciones públicas. Esto queda demostrado por el bajo porcentaje de mujeres que finalmente realizan la denuncia. Para muchas, realizar la denuncia no es garantía, ya que en muchos casos, la justicia no las ampara y genera una respuesta aún más violenta por parte del atacante. En definitiva, esto demuestra que los mecanismos de asistencia no son efectivos.

El primer contacto de una mujer que sufre violencia es vital. Es la oportunidad de brindar la ayuda necesaria para que esa persona salga de la situación que está viviendo. Si el Estado no garantiza las herramientas necesarias para atender a las víctimas, la oportunidad se desperdicia y después es demasiado tarde.

La impunidad, es otro de los factores que desaniman a las víctimas a la hora de realizar la denuncia. No sólo sienten que no recibirán la contención necesaria, sino que las cifras demuestran que sólo un bajo porcentaje de las denuncias, concluye finalmente en una condena.

El Estado es responsable. Es el que debería atender esta emergencia y reforzar las medidas en cada una de las etapas. Las medidas preventivas están fallando. La cantidad de casos ya conocidos, deben servir de enseñanza. No debe ocurrir otra vez lo mismo. El Estado debe rever sus políticas y cambiar el foco, de la muerte ya consumada a las etapas previas. Porque si el Estado no le garantiza la vida a las víctimas, ¿quién lo hará?


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