Foto: @ludeponti

La ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”.

Como consignó la agencia DyN, en la audiencia pública que tuvo lugar en el salón “Delia Parodi” de Diputados, organizada por el Movimiento Evita – que conforma el bloque Peronismo para la Victoria (PPV) – , participaron referentes de las comunidades Mapuches, Qom, Wichis, Villela, Sanavirones, Guaraníes, Warpes y Kollas; y diputados y senadores de Cambiemos, FPV-PJ, socialismo, Libres del Sur, Proyecto Sur, Peronismo Pampeano y Frente de Izquierda.

La audiencia fue dirigida por el diputado Leonardo Grosso (PPV). Allí los referentes aborígenes exigieron al Estado “el cumplimiento de los derechos indígenas que están en la ley y en tratados internacionales”.

Además del reclamo para que se prorrogue la ley que permite a los pueblos originarios ocupar en forma provisoria tierras ancestrales, en el transcurso del encuentro hubo numerosas menciones a la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1ro. de agosto durante la represión de una protesta mapuche en Chubut, detalló la misma agencia de noticias.

Info BLANCO SOBRE NEGRO dialogó con la diputada nacional Lucila De Ponti, que participó de la audiencia realizada esta mañana. La legisladora por Santa Fe recordó que luego de la sanción (la norma fue promulgada en 2006) hubo una prórroga, pero cuestionó que no se haya “avanzado lo suficiente en la ejecución del registro que contempla la Ley”.

“Lógicamente estamos pidiendo que se vuelva a prorrogar, es una demanda muy importante porque frena los desalojos en un contexto en el que hay muchos conflictos por tierras en todo el país, como el que tuvo lugar en el caso Santiago Maldonado”, agregó la diputada.

También detalló que “si bien hay acuerdo para sancionar una prórroga, lo que se discute es por cuánto tiempo”. De Ponti mencionó que “el oficialismo propone un año, pero para las comunidades y para el resto de los sectores políticos y sociales eso es insuficiente”, y consideró que “como mínimo los desalojos deberían posponerse por 4 años, que es lo que establece la prórroga anterior”.

Además, durante la audiencia que se realizó esta mañana el diputado y jefe del bloque del FPV-PJ , Héctor Recalde, llamó a participar de la marcha que el 1 de octubre está prevista a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Con respecto a la posición del oficialismo, DyN consignó que “la diputada Patricia Giménez (UCR-Cambiemos) ratificó su ‘compromiso’ con los pueblos originarios y recordó que con su bloque acompañaron ‘el proyecto de Alcira Argumedo (Proyecto Sur) de propiedad comunitaria’”.

En la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados también estuvieron presentes, entre otros, los diputados Horacio Goigoechea (UCR), Paula Urroz (PRO), Miguel Bazze (UCR), Sergio Buil (PRO), Alejandro Echegaray (UCR), Anselmo Martínez (FPV-PJ), Silvia Horne (PPV), Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Victoria Donda (Libres del Sur).

Las organizaciones concentrarán en 9 de julio y Avenida de Mayo a las 11 para marchar hasta el Congreso Nacional, donde se llevará a cabo una vigilia mientras se realiza la sesión en el Senado y habrá un festival con artistas populares desde las 13 horas.