“Los altos costos para alquilar, las malas condiciones edilicias, los abusos contractuales, la gran cantidad de requisitos para alquilar, la falta de ayuda estatal, los cobros de honorarios excesivos, los desalojos ilegales, son algunos de los principales problemas que aquejan a los más de 7 millones de inquilinos del país”, expresa un comunicado de API.

“Pero este año queremos rescatar, que ante este panorama, la resistencia y la organización de los inquilinos sigue creciendo. Hoy existen 14 organizaciones a lo largo y ancho del país y muchas ellas confluyen y articulan su lucha en el Frente de Inquilinos Nacional. En este mismo frente de organizaciones que impulsaron el proyecto de ley nacional que modifica el código civil en materia de alquileres, el cual obtuvo media sanción en el Senado de La Nación, pero que el oficialismo duerme en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados”, detallaron.

“A su vez, cada organización impulsó a nivel de sus provincias, los proyectos para rebajar los costos de alquiler, como el que fue aprobado en CABA. Sumado a estos proyectos, cada organización ha impulsado defensorías de inquilinos locales, como en La Plata, Rosario, Santa Fe, Corrientes, CABA, por nombrar algunas”, destacaron y agregaron: “Todas acompañan a los inquilinos, los asesoran y suplen la ausencia de un estado, que es muchas veces cómplice de los intereses del sector inmobiliario más concentrado”

API impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para que los honorarios de los martilleros los paguen los propietarios del inmueble en alquiler. En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, Estela Fernández aseguró: “Estamos teniendo algunas reuniones y le vamos a hacer algunas modificaciones de redacción. En los próximos días se va a presentar formalmente en la Cámara de Diputados y estamos trabajando para lograr el apoyo de todos los bloques”.

Por último, desde API remarcaron por los avances que se habían obtenido y que “el estado municipal decidió abandonar”. En ese marco exigieron el pleno funcionamiento de la Oficina Municipal de Inquilinos “hoy vaciada”; que se cumpla con la Ordenanza 11077, que regula la publicidad de las inmobiliarias y “que a pesar de estar reglamentada no se hace cumplir”; reglamentación y puesta en función de la Ordenanza 11028 que regula las pensiones de la ciudad.