El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe para ser incorporado en la Petición P 460-15 Argentina que tramita el CECIM, donde se reclama la intervención del organismo por la privación material de acceso a la justicia en los hechos denunciados por graves violaciones a los DD.HH durante la guerra de Malvinas cometidos por cuadros de las FF.AA contra los soldados conscriptos, circunstancia que ha puesto en peligro la observancia de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los hechos, las determinaciones que adopta el PEN con la política de vaciamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa impactan en forma virulenta sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por parte del Estado argentino.

El informe denuncia el alejamiento de continuar con las políticas públicas para sostener el proceso de apertura de los archivos a la sociedad que permitieron que distintas dependencias y agencias estatales comiencen a trabajar, brindando información sustancial sobre los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar y en el conflicto de Malvinas.

En 2010 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto 04/10 por el que se relevó de la clasificación de seguridad toda la documentación e información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas Argentinas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

A este Decreto le siguieron el 200/2012 que desclasificó el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), conocido como “Informe Rattenbach”, y el 503/2015, del 1 de abril de 2015, que estipula en su artículo 1: “se releva de la clasificación de seguridad a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del Atlántico Sur obrante en los Archivos de las Fuerzas Armadas”.

Entendemos que se constituyó una política de estado de archivo, donde varias instituciones comenzaron a investigar sus archivos administrativos con el fin de aportar documentos e información en las causas judiciales.

En este contexto el Ministerio de Defensa en el año 2010 creó un grupo de trabajo dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de que “emprenda la tarea de relevamiento y análisis de toda la documentación que pueda resultar de valor histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea” (Resolución Ministerial 308/10).

Se conformó así un equipo de trabajo por cada Fuerza (Ejército, Armada y Aérea), a los que se denomina “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental en Archivos de las FFAA” (ERyA).

Desde entonces los Equipos trabajan de manera continua y sistemática aportando documentación e informes sobre el modo de funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983 para reconstruir, a partir de los registros propios de la institución, tanto las directivas, órdenes y reglamentos que estructuraron la operatoria represiva como las cadenas de mando de los comandos de cuerpo, brigadas, regimientos, batallones, destacamentos y escuadrones, pudiendo identificar a los responsables materiales de delitos de lesa humanidad.

Se aportó documentación relevante en las causas judiciales que investigan el Plan Cóndor, ESMA, Campo de Mayo, Operativo Independencia y Malvinas Dentro de las funciones desempeñadas por los Equipos se encuentran las siguiente:

- Producción de informes: se realizan como respuestas a pedidos de información solicitada por la Procuración General de la Nación, Juzgados y fiscalías.

- Desempeño como testigo experto/a: la declaración en causas de Lesa Humanidad tiene como objeto brindar información fehaciente de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas en el marco de una causa determinada, aportando la comprensión del lenguaje militar y las especificidades en las misiones y funciones de cargos, jerarquías y estructuras.

- Participación en inspecciones oculares a unidades

- Participación como asesores técnicos, brindando capacitaciones a agencias judiciales a través de reuniones, seminarios y jornadas de trabajo conjunto. A la fecha, el Equipo ha respondido a requerimientos de asesorías realizados por organismos de DDHH gubernamentales, no gubernamentales y del Ministerio Público Fiscal.

- Realización de publicaciones y material de difusión.

Durante el 2017 la situación irregular e inestable tanto de los Equipos en general, como de los trabajadores en particular se profundizó, continuando la situación laboral precaria, firmando dos tipos de contratos a lo largo del año. Ese año tampoco se contó con presupuesto e insumos básicos.

Finalizando el año los Equipos no contaban siquiera con DVDs para responder los requerimientos solicitados con la documentación requerida.

El día 22 de diciembre de 2017 se comunicó el despido de 70 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Defensa. Respecto a los compañeros de la Dirección Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario, fue la Directora de Programas de la Dirección Nacional de DDHH quien comunicó telefónicamente el despido a 9 de los integrantes de los Equipos de Archivos.

La gestión, a cargo del Director Nacional, Jorge Szeinfeld también despidió a una trabajadora de la Dirección de Políticas de Género. Estos despidos tienen como consecuencia el desmantelamiento del Área de Archivos, ya que no se contará con digitalizadores y se reduce drásticamente el personal abocado a tareas archivísticas y de relevamiento documental.

Es un retroceso en una conquista producto de la lucha histórica de los organismos de DDHH y de la sociedad civil.

El acceso a la documentación queda restringido a los integrantes de las FFAA y se pierden insumos fundamentales para garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, en la medida en que no se podrá contar con documentos para respaldar imputaciones surgidas de los testimonios de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de estado, como tampoco podrán surgir nuevas imputaciones de la documentación propia de estas instituciones.

Esta decisión demuestra la inexistencia de articulación entre las distintas áreas de gobierno como pretende el “Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020)” presentado el 12 de diciembre de 2017 por el presidente Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.

Un Plan que en el prólogo escrito por el ministro Germán Garavano asume como “prioridad indiscutible el avance de los juicios y causas de lesa humanidad, la identificación de los nietos y la búsqueda de la verdad sobre uno de los períodos más oscuros de nuestra historia”.

Sin embargo, tan solo nueve días después, la autoridad máxima del Ministerio de Defensa, Oscar Aguad, junto con la Secretaria de la misma cartera, Susana Villata y el Director Nacional de DDHH y DIH, Jorge Szeinfeld, decidieron desmantelar los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las FFAA, el Equipo Técnico de archivo y el Área de Género.

Sin los 10 trabajadores recientemente despedidos no se podrá cumplir con los siguientes tres objetivos explícitos del mismo:

Respecto al Eje N° 3 “Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias”, del Punto N° 2 “Verdad” que tiene como objetivo “Garantizar el derecho a la verdad desde su acepción individual y colectiva”, no se podrá contar con el Ministerio de Defensa como socio necesario para llevar a cabo la siguiente acción: “Inventariar cualitativamente los archivos históricos del acervo documental de las FFAA y garantizar su custodia”.

Respecto al Eje N° 5 “Cultura cívica y compromiso con los Derechos Humanos”, del Punto N° 3 “Administración eficaz y no discriminatoria” que tiene como objetivo “Promover políticas de igualdad de oportunidades de trato y relaciones laborales dignas y libres de violencia en el empleo público”, el Ministerio de Defensa como único responsable no podrá cumplir cabalmente con la siguiente tarea: Agilizar el procedimiento de recepción de denuncias sobre posible violación de derechos humanos relacionada con el personal civil o militar del ámbito de las Fuerzas Armadas a través de la implementación de un Formulario web que permita la generación de estadísticas sobre el tema.

Respecto al mismo Eje N° 5, del Punto N° 4 “Acceso a la Información pública” que tiene como objetivo “Garantizar el acceso a la información público, posibilitando a las personas requerir, consultar y recibir información de organismos públicos y privados”, el Ministerio de Defensa como único responsable no podrá cumplir con la siguiente acción: “Incorporar nuevas herramientas al sitio web Archivos Abiertos a través de un proceso participativo con el fin de mejorar la accesibilidad, usabilidad, conocimiento y comunicación sobre la información contenida allí”.

La pérdida de puestos de trabajo de profesionales capacitados/as evidencia el vaciamiento de la política pública del Ministerio de Defensa en su compromiso con la Verdad, la Memoria y la Justicia, violando los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el marco del Derecho internacional de los derechos humanos.

La apertura de estos archivos fue producto de la lucha histórica de los organismos y la sociedad civil, con su cierre queda nuevamente restringido el acceso a los documentos de archivos de las Fuerzas Armadas a la justicia.