Este viernes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer la penosa situación que atraviesan dos mujeres embarazadas que se encuentran detenidas en la Unidad 33, de Los Hornos. La denuncia fue recibida en la entidad, que pidió las medidas necesarias para que los jueces naturales tomen la debida intervención.

Los hechos tuvieron lugar el lunes 12 entre las 19 y 20 horas, cuando las dos mujeres embarazadas fueron agredidas por 13 efectivos varones, en el sector de sanidad. Los ataques dejaron hematomas en piernas, brazos y abdomen, y cortes en distintas partes del cuerpo, en ambos casos. Además de los golpes, fueron atacadas con gas pimienta, estando embarazadas de 4 y 5 meses, una de ellas con un embarazo riesgoso.

“Esta situación profundiza gravemente las condiciones de detención que ya son alarmantes: falta de atención médica, traslados constantes, torturas y malos tratos, aislamiento y castigos, son parte del relato del cotidiano de las detenidas. Una de las jóvenes golpeadas pasó en los últimos seis meses por seis cárceles ubicadas en distintos puntos de la provincia (estuvo en San Martín, Azul, Bahía Blanca, Batan, Melchor Romero y Los Hornos donde recibió esta golpiza)”, detalla el comunicado de la CPM.

“Las políticas penitenciarias se encuentran impregnadas de la violencia de género; en las mismas se reflejan, al igual que en el conjunto social, las relaciones de poder sexo-género que vulnerabilizan aún más los derechos de las mujeres”.

Además, advirtieron que durante el 2012 y lo que va del 2013 la violencia contra las mujeres privadas de libertad se ha incrementado considerablemente. Se han registrado durante los años 2011 y 2012 casos de pérdidas de embarazos después de las golpizas realizadas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Instamos al Poder Ejecutivo a que, sin perjuicio de la investigación, adopte las medidas administrativas correspondientes con personal involucrado e intervenga para garantizar el cese inmediato de violencia ejercida contra las mujeres. Es urgente desarrollar políticas tendientes a la promoción y el respeto de los derechos de las mujeres privadas de libertad”, agregaron.

Melina Boselli, integrante del Comité contra la Tortura de la CPM, dijo esta mañana en diálogo con Radio Provincia: “No hubo situación para justificar el uso de la fuerza ni es el medio ni la forma para hacerlo”, y resaltó que esta situación “está agravada” porque se trataba de mujeres embarazadas.

Por último, destacó que en estas represiones “hay una responsabilidad compartida”, por cuanto “sin el accionar o la omisión de los funcionarios públicos que tienen en custodio a las personas, si el Poder Judicial tuviese más control, y si la sociedad civil pudiera entrar a estos lugares, esto no ocurriría”.