Aunque el dictamen de la procuradora no es vinculante, es un antecedente importante para el inminente fallo de la Corte Suprema de la Nación que debe resolver el caso.El diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, repudió el fallo del procurador de la Nación, Eduardo Casal, y afirmó: “Una vez más, sin ponerse colorados, Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios”.

En la Provincia, la Ley 10.606 establece que las farmacias deben ser propiedad de farmacéuticos restringiendo a las sociedades anónimas, regula la instalación de las mismas de acuerdo con parámetros demográficos y geográficos y prohíbe posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud.
En julio del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia rechazó por unanimidad un recurso extraordinario que había presentado Farmacity contra un fallo de primera instancia, ratificado en segunda.

Bonelli impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para poner un freno a la cadena Farmacity. “El visto bueno de la Procuración evidencia una clara presión del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema de la Provincia que se debe expedir sobre el tema”, consideró el legislador.

“Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso, explicó: “Es un juicio que inició Quintana en 2012 y ha perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. El año pasado cuando la empresa presentó una queja y pidió el expediente a La Plata, nosotros salimos a alertar que esto se estaba dando vuelta por la influencia del vice jefe de Gabinete de la Nación”.

“La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. Y el acceso de medicamentos y la salud es un tema de salud pública”, concluyó Reinoso.