La orden fue dictada por el juez Jorge Zurueta. Por estas horas (sábado por la tarde) el equipo jurídico de las organizaciones está tramitando un habeas corpus para terminar con lo que denominaron como “una cacería”.

En este momento hay dos detenidos y orden de captura para unas cuarenta personas que participaron de la protesta, una nómina que incluye a los referentes jujeños de las organizaciones mencionadas.Todos los sectores involucrados se declararon “en alerta” y denunciaron que hay una “persecución que realiza el juez bajo las órdenes del gobernador Gerardo Morales”, según consignó la CTA Autónoma.

El dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro inmediatamente salió al cruce de la orden judicial con un comentario en Twitter: "A Morales no le alcanza con reprimir. También utiliza a la “Justicia” para silenciar cualquier disidencia contra su gobierno. Repudiamos este accionar y exigimos la inmediata liberación de todos los compañeros detenidos!!!", posteó.

El origen de la orden judicial

“La Policía jujeña realizó allanamientos y detenciones en domicilios particulares de dirigentes sindicales y sociales. Es por la movilización del pasado 4 de abril durante la apertura de sesiones legislativas, en el marco de un paro provincial, que finalizó en represión”, consignó esta tarde el diario El Tribuno en su sitio web.

“Los manifestantes se movilizaron hacia el Parlamento local en contra de las “políticas de ajuste” y el magro ofrecimiento salarial de Ejecutivo (5%) a los estatales. Los asistentes también cuestionan el ajuste a la salud y a la educación pública, los despidos y el cierre de escuelas. Reclaman el cese de los despidos, la convocatoria a paritarias libres y salarios dignos”, había publicado aye en su edición impresa el mismo medio de prensa.

Y agregaron: “Los manifestantes enrolados en el Frente Amplio Gremial, que nuclea a la mayoría de los trabajadores estatales, junto a agrupaciones políticas y sociales, se enfrentaron con la Policía en las inmediaciones de la Legislatura, momentos antes de que el gobernador Gerardo Morales encabezara el inicio del período de sesiones ordinarias”.

Luego de esos incidentes se desarrolló la sesión inaugural con el discurso del mandatario jujeño, pero Morales instruyó a su equipo legal para desarrollar una estrategia en tribunales con el fin de penalizar a los gremios y las organizaciones que chocaron con las fuerzas policiales en los momentos previos.

Desde el Movimiento Evita informaron a Info BLANCO SOBRE NEGRO que los letrados que intervienen “acaban de presentar un habeas corpus por los detenidos de esta mañana”.

También aclararon que “la suma de las penas máximas de los delitos que se imputan no superan los 3 años, de modo que una eventual condena la podría tornar condicional”. Al respecto, mencionaron que “los articulos 308 y 319 del código penal establecen que la detención es procedente cuando no aparezca – prima facie – como posible la condena de ejecución condicional, y cuando no hubiere indicios que los imputados puedan eludir la acción de la justicia”. Y continuaron: “Según la propia orden de detención, el Estado ya contaría con la supuesta prueba para acreditar los delitos que se imputan, de modo que tampoco habría argumento para sostener las detenciones calificadas como arbitrarias e ilegales”.

Repudio de la CTEP

“Desde la CTEP manifestamos nuestro máximo repudio a la cacería realizada hoy en Jujuy por el gobernador Gerardo Morales, con complicidad de la justicia local, sobre compañeros de diferentes organizaciones sociales y sindicales”, consigna el comunicado que difundió esa organización este mediodía.

“Fue literal la cacería con detenciones basadas en imputaciones falsas referidas a los incidentes ocurridos durante la apertura de las sesiones ordinarias el pasado el 4 de abril, en donde las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación popular que se realizaba frente a la Legislatura provincial. Una vez más la provincia de Jujuy es epicentro de la persecución política y social que se lleva a cabo con el respaldo del gobierno nacional”, agregaron.

Además, lanzaron un llamado a movilizarse: “Por todo esto convocamos este lunes 16 desde las 10 horas a marchar desde el Congreso Nacional hacia la casa de Jujuy – Av. Santa Fe 967- para exigir la libertad de los compañeros y el restablecimiento de las garantías constitucionales”, detallaron.

Sobre el final, expresaron: “La criminalización de la protesta social, la estigmatización a los movimientos populares y la judicialización de la política son los métodos con los que Morales pretende amedrentar a quienes piensan diferente o se manifiestan contra sus políticas de ajuste y represión. Jujuy vive hoy una situación de arbitrariedad judicial y de violencia institucional que no permiten el cumplimiento pleno de los derechos que nuestra Constitución garantiza. Dirigentes sociales y políticos que no piensan como Morales están en peligro”, afirmaron y exigieron a la justicia “que se ajuste a derecho y libere a los detenidos”.