Las organizaciones sociales y sindicales manifestaron su “máximo repudio” a la represión que hubo en la Provincia, a la que calificaron de “cacería”. Responsabilizaron al gobernador Gerardo Morales y aseguraron que hubo “complicidad de la justicia local”. Además señalaron: “Compañeros, referentes sociales, políticos y sindicales son perseguidos por ejercer el derecho a la protesta”.

“Las detenciones están basadas en imputaciones falsas referidas a los incidentes ocurridos durante la apertura de las sesiones ordinarias el pasado el 4 de abril, en donde las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación popular que se realizaba frente a la Legislatura provincial”, mencionaron en un comunicado.

Y agregaron: “La criminalización de la protesta social, la estigmatización a los movimientos populares y la judicialización de la política son los métodos con los que Morales pretende amedrentar a quienes piensan diferente o se manifiestan contra sus políticas de ajuste y represión”.