En septiembre de 1994 los convencionales constituyentes bonaerenses, reunidos en La Plata, modificaron “parcialmente” la Carta Magna Provincial. Además de permitir la posibilidad de reelección del gobernador, de introducir artículos en defensa del medioambiente y de otorgarle rango constitucional al Hábeas Corpus, al Amparo y al Hábeas Data, también se introdujo “formas de democracia semidirecta”.

El artículo 67 de la constitución provincial, concretamente, establece: “Los electores tienen derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley”.
Obviamente, los constituyentes restringieron esa prerrogativa, dado que están vedados los proyectos inherentes a la reforma constitucional, al presupuesto, a los recursos provinciales, y a la creación de municipios y firma de tratados, entre otros temas.

Casi un cuarto de siglo después, la diputada provincial de Cambiemos María Elena Torresi de Mercuri presentó un proyecto para reglamentar dicho artículo constitucional.

La iniciativa dictamina que los bonaerenses que podrán presentar proyectos serán aquellos electores que se encuentren habilitados para sufragar. Los textos deberán estar acompañados al menos por el tres por ciento del total de los inscriptos en el padrón electoral de la Provincia, habilitados por la Junta Electoral Nacional.

El proyecto de la diputada Torresi, esposa del histórico dirigente peronista Osvaldo Mércuri, fija que las firmas deberán estar debidamente certificadas ante escribano público. Es más, en el proyecto reglamentario, la representante de Cambiemos exige que una vez presentado el texto ante la Mesa de Entradas de la Legislatura, deberá ser remitido dentro de los 10 días a la Junta Electoral de la Provincia para que se expida sobre los avales.

“La democracia semidirecta propicia una mayor participación popular favoreciendo el compromiso de las diferentes comunidades y sectores respecto de la responsabilidad pública. En este proyecto se pretende regular el procedimiento de Iniciativa Popular”, declaró Torresi.

Una vez reingresado el proyecto con el aval de la Junta Electoral, la Legislatura deberá tratarlo dentro de los doce meses. De esta manera, se garantizará que cualquier bonaerense pueda presentar sus proyectos ante los legisladores.