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"En virtud de reiteradas denuncias infundadas"

El Gobierno nacional denunció a abogados platenses por "cuestionar" los tarifazos con medidas cautelares

Los integrantes del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), cuyo referente más conocido es el abogado platense Mariano Lovelli, fueron acusados por generar un "estado de incertidumbre" con respecto al cuadro tarifario. El pecado que cometieron es haber presentado medidas cautelares. Dialogamos con Lovelli sobre la denuncia contra la entidad: "Es la naturaleza de esta gestión, porque este modelo solamente cierra cercenando libertades", explicó el letrado.

por Blanco Negro

14/05/2018

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“Lo que se busca es que la sociedad no pueda ejercer sus derechos en los Tribunales”, aseguró a Info BLANCO SOBRE NEGRO el abogado Mariano Lovelli, reconocido integrante de la entidad que ahora es objeto de acciones judiciales del Gobierno Nacional.

“Es un fuerte retroceso institucional que nadie esperaba, pero a esta altura a nadie sorprende tampoco”, agregó Lovelli.

“Interpongo acción colectiva de certeza contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 del Enargas; a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución. Ello, en virtud de reiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional”, consignaron en un escrito los querellantes: nada más y nada menos que el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

“¿Y qué tiene que ver el rabino Bergman en este asunto?”, le preguntamos al referente del CEPIS. “Es muy extraño. Alegan que se pone en riesgo el interés público, que de acuerdo a lo que dicen, está vinculado a los tarifazos porque el golpe al bolsillo de los consumidores permitiría ahorrar energía y de esa manera se favorecería el cuidado del medio ambiente. Es uno de los argumentos más ridículos que me tocó enfrentar en toda mi carrera como abogado”, sentenció Lovelli.


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