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Se conoció esta mañana

Le dieron la razón al CECIM y un fiscal pidió la detención e indagatoria de 26 militares por torturas en Malvinas

El Ministerio Público Fiscal informó hoy que "el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), requirió el viernes pasado la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante el contexto bélico del Atlántico Sur". "Creemos que van a llamar a toda la cadena de mando", señalaron desde el CECIM.

por Nicolás Harispe @nicolasharispe

16/05/2018

Est

Se trata de un reclamo que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM) viene impulsando en diferentes instancias judiciales y políticas, foros, organismos legislativos y ante la opinión pública.

Como se sabe, después del conflicto bélico en las Islas los ex conscriptos agrupados en el CECIM, junto a diferentes organismos defensores de los derechos humanos, denunciaron torturas que involucran a oficiales y suboficiales que tuvieron a cargo de la tropa durante el combate.

La Justicia argentina, hasta ahora, no había reconocido que esas agresiones aberrantes constituyeran crímenes de lesa humanidad, y los acusados alegaron que se trata de delitos prescriptos.

Por eso, esta mañana en el CECIM destacaban que se dio “un paso muy importante para lograr verdad y justicia para las víctimas”, explicó su titular, Hugo Robert, en diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO.

“Creemos que es el primer eslabón para dilucidar si los delitos que denunciamos pueden considerarse o no de lesa humanidad”, precisó Robert.

“Este requerimiento tendría que haber llegado hace muchos años. Comenzó en el 2007 y con el paso del tiempo nosotros fuimos agregándole más pruebas, tanto testimoniales como documentales. Más aún después de la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad es que hoy celebramos que el fiscal (Marcelo Alejandro) Rapoport haya tomado esa decisión, aunque decimos que la medida se podría haber tomado antes, las pruebas son contundentes desde hace varios años”, expresó el presidente del CECIM.


Info BLANCO SOBRE NEGRO: “¿Cuál fue la razón por la que la Justicia tomó, finalmente, esta decisión?”

Hugo Robert: Cuando se develó el caso Taranto, que es un oficial denunciado cuya causa llegó a la Corte Suprema , el entonces Procurador hizo un informe muy favorable sobre la posición del CECIM. En el expediente están muy bien explicados los motivos por los que él considera que fueron delitos de lesa humanidad y que por eso no estaban prescriptos. Lo que queremos es que vayan (los acusados) a declarar y que sea la Justicia la que termine diciendo si son o no crímenes imprescriptibles. Taranto nunca dijo ‘yo no cometí esos delitos’, sino que alegó que ya estaban prescriptos, esa fue su principal defensa.


¿Se sabe cuáles son los militares que tendrán que presentarse luego del requerimiento del Fiscal Rapoport?

Estamos esperando conocer fehacientemente los 26 nombres. Hasta que no los publique el poder judicial serían sólo especulaciones. Conocemos la identidad de algunos de ellos pero seria imprudente mencionarlos, y por la cantidad que llamaron a declarar están no solo los denunciados, sino también creemos que van a llamar a toda la cadena de mando.


¿Existen pruebas para que el proceso avance con celeridad, o ahora habrá que esperar un tiempo prudencial para que se inicie desde cero una nueva investigación?

Pruebas ya existen, documentadas. Siempre dijimos que el día en que empiece a funcionar la justicia en esta causa el efecto dominó sería inevitable. En los procesos que se hicieron contra militares que participaron del terrorismo de Estado en el continente, faltaron escritos y otros elementos que contribuyeran para que las causas avanzaran rápidamente. En este caso, el de las torturas en Malvinas, hay pruebas desde que se desclasificaron los archivos de las Fuerzas Armadas en 2015. Por ejemplo hay informes escritos de oficiales y suboficiales que revelan que hubo sentencias en procesos regidos por la Justicia Militar. Las penas fueron risueñas. Por ejemplo, en un caso, a un suboficial le dieron 4 días de arresto por haber torturado a un soldado. Por eso, insistimos, que hay prueba documental suficiente.


¿Por qué tardó tanto en avanzar la causa?

Eso mismo preguntábamos nosotros. Deciamos: ¿si no hay prueba por qué el fiscal no la cerró? Creemos que no lo hizo porque se arriesgaba a ser sometido a un juicio más tarde, por eso ninguno de los funcionarios judiciales que tuvieron el expediente se animaron a cerrarlo y archivarlo. La causa siempre estuvo abierta pero no avanzaba, por eso esto es tan importante este paso que se conoció ahora.


¿Sospechan que hay militares ya condenados o procesados por la represión durante la dictadura que están en la lista de los 26 que tendrán que presentarse a declarar?

Sí, es muy probable. El ejército que nos dirigió en Malvinas fue el mismo que torturó, violó mujeres, mató y secuestró niños en el continente durante aquellos años. Las torturas en las islas fueron parte de una metodología que las fuerzas armadas conocían muy bien y eran aceptadas por sus mandos. Ahora queremos que se corra el manto de impunidad que hubo también durante la guerra.





El parte que difundió el ministerio público Fiscal

El proceso se centra sobre 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el cual tuvo funciones el Regimiento de Infantería N°5, en el marco del conflicto bélico en el Atlántico Sur, en 1982. La Fiscalía destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería -, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares.

Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos” – como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.

La fiscalía federal, por lo demás, argumentó sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos. Además, detalló: “Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”.


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