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Opinión

Las mujeres víctimas de violencia de género, crónica de un sistema que no da respuestas

Por Mariela Garay, abogada, psicopedagoga, especialista en violencia de género, y candidata titular al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de La Plata por "Compromiso Profesional".

por Blanco Negro

16/05/2018

Fotoo

Denunciar la violencia de género y obtener como medida de protección una restricción perimetral, sólo marca el comienzo de un largo peregrinar para las víctimas. Para ello, debe primero concurrir a efectuar la denuncia en la Comisaría de la Mujer, de calle 1 entre 41 y 42, donde en el mejor de los casos, sola o con todos sus hijos, espera largas horas hasta que logra ser atendida. Mientras tanto, la sobrepasa la angustia, las dudas, los miedos, el temor a la represalia. Le duele el cuerpo de los golpes, y hasta el alma. Los chicos que lloran, tienen sueño y hambre. Una joven policía se apiada y le alcanza una botella de agua y medio paquete de galletitas. Quienes hemos tenido la oportunidad de transitar la comisaría, sabemos que es una escena que se multiplica a diario.

Sin embargo, cierto es que somos testigos de los avances que se sucedieron en materia de violencia de género a partir de la sanción de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que fuera promulgada en el año 2010, y que prevé la puesta en marcha de políticas públicas y la acción coordinada de las instituciones estatales para su aplicación. Por fin se consigue sacar del ámbito privado/doméstico el terrible drama de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

En nuestra ciudad, en el marco de una experiencia piloto, a partir del mes de noviembre de 2011, se crearon lo denominados “Juzgados Protectorios”, tendientes a un abordaje especializado en la materia. Resulta de vital importancia resaltar la celeridad con que estos juzgados intentan dictar las medidas de protección, pero con la demanda que tienen a diario, la buena voluntad no alcanza. Los pasillos se llenan de mujeres y niños que esperan varias horas para ser atendidos y la escena se repite. La otrora promesa de creación de nuevos juzgados ya no es prioridad para este gobierno.

Por su parte, y con el fin de canalizar la problemática, se puso en funcionamiento en la órbita de la Defensoría Oficial, el Área de Procesos Urgentes, APUR- destinado a representar gratuitamente a las mujeres sin recursos que tramitan sus causas por violencia familiar en dichos Juzgados. Son esas mismas mujeres, con sus hijos las que en ese largo peregrinar, nuevamente esperan en el subsuelo del edificio de la Defensoría Oficial de calle 14 entre 48 y 49, a que cuatro abogados y varios pasantes estudiantes de derecho atiendan la gran demanda que se incrementa día a día.

Lograr que efectivamente la medida ordenada judicialmente, es decir, que la restricción perimetral se cumpla es el otro gran desafío que hoy enfrentan estas mujeres. Cierto es que para ello se requiere del auxilio de la fuerza pública, lo que parece ser harina de otro costal. Comisarías sin recursos, con patrulleros rotos o simplemente sin combustible y con policías machistas que todavía piensan que algo habrán hecho.

En el mejor de los casos, y estando nuevamente la gestión a cargo de la mujer víctima, previo a presentar la denuncia y la orden de la medida cautelar en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, que funciona en el pasaje dardo Rocha, le pueden haber otorgado el botón antipático que se instala en el celular de la víctima y que en teoría, al ser activado el mecanismo da aviso al Centro de Monitoreo de la Municipalidad y automáticamente se envía un móvil al lugar indicado, la celeridad que se requiere no funciona en la práctica y la realidad es que en la gran mayoría de los casos, es la mujer la que tiene que llamar al 911, en el momento justo de ser agredida y contestar las interminables preguntas del protocolo para lograr ser asistida. Cuarenta y cinco minutos después el patrullero brilla por su ausencia, la comisaria no tiene móvil, la violencia de género puede esperar, no es prioridad frente al delito.

Las violaciones a las medidas de restricción perimetral son moneda corriente y no existe en el sistema medidas efectivas que le pongan coto, menos si dependen de la órbita policial que también se encuentra en crisis.

Párrafo aparte merece el análisis de la restitución de niños menores, progenitores que arteramente se niegan a devolver a sus hijos, convirtiéndolos así en trofeos de guerra. Madres victimas que una vez más reingresan al sistema para lograr que les devuelvan a sus hijos. Medidas que ordenadas por el Juzgado de Familia requieren de los Oficiales de Justicia para su cumplimiento, dependencia judicial en la que asombrosamente son todos hombres que acostumbran a diligenciar mandamientos judiciales, y que nunca recibieron las mas mínima capacitación en género. Se les encomienda que garanticen la restitución de los niños y niñas a hombres que prejuiciosamente consideran que van a estar mejor con el padre, porque tiene mejor situación económica, incapaces de entender que el bienestar que ponderan, se garantiza abonando la cuota alimentaria suficiente para que sus hijos coman, se vistan, se eduquen, se recreen, mantengan su nivel de vida aun después de la ruptura vincular.

Como lo reseñara al inicio, para acabar con la violencia de género, la denuncia es sólo un primer paso en un proceso más o menos largo en el tiempo que va desde la toma de conciencia por parte de la víctima hasta todo un replanteo de su propia vida como mujer sujeta de derechos. Se requiere de un abordaje integral y multidisciplinar, y ello implica irremediablemente un incremento en el presupuesto destinado para tal fin. Algo que no se está haciendo, lo que pone en peligro la erradicación de estos tipos de violencias.

Se necesita formación y capacitación especializada de los y las profesionales de la salud, educadores y fuerzas de Seguridad y, sobre todo, en el ámbito de las y los operadores jurídicos porque –en última instancia – son los aplicadores e intérpretes de las normas.

Se necesitan servicios de atención a mujeres en donde se les ofrezca información y asesoramiento integral. Asesoramiento especializado para evitar que las denuncias disminuyan y para que, una vez interpuestas, se mantengan en el tiempo. Se necesita formación y especialización de las y los profesionales para lograr la minimización del riesgo y en el otorgamiento efectivo de medidas de de protección.

Y es aquí en donde nos encontramos ahora, en una especie de impasse muy peligroso porque las mujeres que sufren violencia de género siguen estando ahí, condenadas a vivir en un entorno que las violenta, las humilla y las envilece.
Lo urgente, un pacto de Estado, lo prioritario, la profundización en la implementación de políticas tendientes a garantizar de forma efectiva y real este derecho fundamental. No valen las excusas cuando la vida, la integridad física y moral y la propia dignidad de las mujeres víctimas se encuentran amenazadas.


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