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Opinión

Atraso tarifario y teoría del derroche: los argumentos del gobierno para transferir recursos

Por Marisol Merquel, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (PJ – Unidad y Renovación)

por Blanco Negro

30/05/2018

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Los incrementos en las tarifas de los servicios públicos durante la gestión de Cambiemos son, probablemente, la medida que más impacto directo tiene sobre el consumo y la que más angustia genera en familias, en instituciones sociales, culturales y deportivas, en comercios y en las pequeñas y medianas industrias.

Si bien durante la campaña electoral el presidente Mauricio Macri aseguró que no modificaría los subsidios en los servicios públicos, poco después de asumir, empezó a esgrimir la idea del “atraso tarifario”. Este punto fue central en el discurso oficialista para trasladar el valor de las tarifas a precios que en la actualidad son prácticamente impagables.

Sin embargo, hay un dato poco difundido: el propio FMI, en un informe publicado en 2015, ratificó que el nivel de subsidios energéticos per cápita en Argentina, en comparación con otros 152 países, era muy bajo. El promedio mundial de subsidios era de 640 dólares por habitante en aquel año, mientras que en Argentina era solo de 413 dólares, es decir, un 35% menos.

Además de la explicación sobre el supuesto “atraso tarifario”, Cambiemos justificó las subas en la teoría del derroche, según la cual, los argentinos consumimos mucho y la mejor forma de ordenar ese desfasaje es través del precio, es decir, ajustando sobre el bolsillo. No obstante, los estudios sobre consumo desmienten esta teoría: el consumo no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz, sino que está definido por la cuestión climática y por la calidad de la infraestructura de la vivienda.

La decisión de seguir adelante con los aumentos es otra demostración de que el Gobierno no quiere debatir porque está convencido de que este es el rumbo correcto, y que estos no guardan ninguna relación con los costos de las prestaciones o de generación de los servicios, ni tampoco con los ingresos de la sociedad. Se trata, en definitiva, de una decisión política transversal a toda la gestión económica para transferir recursos de los sectores populares a los estratos más ricos de la sociedad y, en particular, a las empresas de servicios.

En 2015, el peso promedio de una canasta de servicios públicos representaba el 6% del salario mínimo, mientras hoy este porcentaje es del 21 por ciento. En el ranking latinoamericano, Argentina pasó de tener la menor relación servicios públicos-salario mínimo, al tercer puesto en 2018, solo detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%).

¿Qué consecuencias estructurales tienen los aumentos de tarifas? Generan inflación, deterioran la capacidad de consumo, disminuyen la demanda, pierden capacidad de venta los comercios y la industria y, en consecuencia, se producen despidos y cierres de fábricas. Ingresamos, de esta forma, en una espiral difícil de revertir, que congela la actividad económica y baja la recaudación y la capacidad del Estado para intervenir en la economía.

Junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) iniciamos en 2016 el primer amparo ante el incumplimiento del llamado a audiencia pública y los aumentos indiscriminados. Constituyó el primer paso para muchas ONG y entidades de defensa del consumidor, que encontraron en la Justicia un freno a este atropello sobre el bolsillo de los bonaerenses.

Pero no son los jueces quienes deben velar por los usuarios, sino los funcionarios que fueron elegidos para dirigir la política económica, pensando en el bien común y no garantizando las ganancias de las empresas. En asuntos estructurales y tan sensibles para los argentinos como los servicios de agua, luz, gas y el transporte público, sería sano para la democracia que el oficialismo convoque a todos los sectores políticos para discutir seriamente estas cuestiones que trascienden ideologías y colores partidarios.

Es hora que el Gobierno deje de castigar a los usuarios y empiece a pensar en las familias. Necesitamos que el Estado vuelva a trabajar en defensa del eslabón más débil de la cadena, los usuarios, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva que vuelva a crecer con base en el trabajo, el consumo y la inversión productiva.


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