jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº -1940

Información General | 19 jun 2018

Le otorgaron una licencia a Mateo Nicholson

Vidal apartó transitoriamente al funcionario de Educación que por un audio está sospechado de corrupción

La gobernadora María Eugenia Vidal otorgó una licencia extraordinaria al titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPI), Mateo Nicholson, que a partir de un audio quedó involucrado en un presunto caso de corrupción. Dirigentes de la oposición y ATE realizaron distintas denuncias en la justicia para que se investigue si hay sobreprecios en la adjudicación de obras para escuelas.


El lugar que dejó Nicholson a partir de esta licencia será ocupado por el director general de Administración de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), Francisco Pigretti.

“Se pidió la licencia a efectos de permitir los controles administrativos y judiciales correspondientes, para que se desarrolle con la mayor normalidad posible la investigación formalmente solicitada por la Dirección General de Cultura y Educación ante la Fiscalía”, señalaron desde el gobierno bonaerense al diario La Nación.

El conocimiento del audio generó una gran repercusión y motivo varias presentaciones judiciales. Además, en la legislatura bonaerense, los bloques de la oposición solicitaron una serie de pedidos de informes.

Este lunes, ATE Provincia había exigido el apartamiento de Nicholson y también adelantaron que acudirán a la justicia. Desde el gremio además denunciaron que en la DPI hay persecución contra los trabajadores, como el caso de Diego Makedonsky que fue trasladado en forma compulsiva de esta área luego de denunciar penalmente por amenazas a la mano derecha el director.

Desde la DGCyE informaron que también radicó una denuncia en la Fiscalía N° 17 de La Plata para que se inicie la investigación pertinente.

En tanto, la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana (FPV), Teresa García, también presentó un escrito en el Juzgado de Garantías en lo penal N°6 para que se investigue al funcionario por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”.
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