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A 10 años del fallo que ordenó el saneamiento

Greenpeace denunció que en el Riachuelo planean instalar tres plantas incineradoras

La ONG asegura que no se cumplió con lo ordenado por la Corte, y que planean instalar tres plantas incineradoras en la zona de la cuenca Riachuelo - Matanza: en Villa Riachuelo, Lomas de Zamora, y Ezeiza.

por Blanco Negro

06/07/2018

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Por Martin Katz, Greenpeace


El 8 de julio de 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó que ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) recomponga el daño ambiental producido en la cuenca.

Una década después no solo persisten debilidades en el control y la gestión sino que se planea instalar tres plantas incineradoras en la zona de la cuenca: en Villa Riachuelo, Lomas de Zamora, y Ezeiza.

Tras la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos -hoy frenada por la justicia tras un amparo colectivo que exige la nulidad de dicha ley – se prevé la construcción de siete plantas incineradoras: seis en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad.

“Los vecinos de la zona nuevamente van a sufrir las consecuencias de las decisiones del un gobierno que no piensa en los efectos contaminantes. Quemar basura mata y contamina, además de ser un método costoso y obsoleto. El gobierno dice que la ley de Basura Cero fracasó, pero son ellos los que fallaron en su implementación, así como fracasaron en el cumplimiento del fallo Mendoza”, dijo Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace.

La ONG ambientalista, como parte del cuerpo colegiado junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, FARN, CELS, AVLB, y ACDH, ha reclamado con acciones públicas por la implementación efectiva y el cumplimiento del fallo Mendoza por 10 años.

Tras una década, aún no se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación: en 2016, luego de 5200 millones de dólares gastados, solo se había cumplido con el 20% de lo exigido por la ley.

“El caso debe transformarse en una política de estado que atienda las necesidades de quienes habitan uno de los espacios territoriales más degradados del país. Incinerar en la zona y aumentar la contaminación no es la solución”, concluyó Mingo.



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