En el Liceo Víctor Mercante, dos alumnos de sexto año y uno de quinto recibieron 25 amonestaciones y quedaron libres por haber quedado demostrado que fueron los autores de al menos seis amenazas de bomba que afectaron el dictado de clases durante cuatro días. La medida tomada por el colegio fue rechazada por el centro de estudiantes.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el representante legal de la Universidad Nacional de La Plata, Julio Mazzota, explicó: “Desde lo jurídico yo expresé a las autoridades del colegio que por la aplicación del reglamento correspondía la expulsión porque se trata de una falta gravísima, pero la dirección decidió aplicar una sanción intermedia, con 25 amonestaciones por lo que los chicos quedan libres pero podrán rendir las materias, aunque ya no podrán seguir estando en las aulas”.

A partir de las pericias ordenadas por la justicia se reconoció un teléfono, allanaron un domicilio, identificaron a un estudiante del colegio y encontraron el aparato móvil con el que también habían hecho amenazas otros dos alumnos que reconocieron su participación.

“Fueron cuatro días con amenazas, con evacuaciones y todas las complicaciones que implica este tipo de procedimientos. Hubo que sacar a 450 chicos a la calle y llevarlos caminando hasta el patio del Rectorado. Eso conlleva una gran cantidad de riesgos, es una falta gravísima la que cometieron”, aseguró Mazzota.

Luego de conocerse las sanciones, el Centro de Estudiantes del Liceo publicó un comunicado en el que expresaron: “Repudiamos principalmente que no se los deje ingresar al establecimiento, entendiendo que ninguno de los tres involucrando tenía antecedentes de problemas dentro del mismo. Consideramos que no permitirles el ingreso los expone a una situación de estigma y desigualdad, es la peor manera de contener y ayudar a los estudiantes”.

“Los alumnos implicados se hicieron cargo de sus acciones y demostraron arrepentimiento. Dos de ellos confesaron con el fin de pedir disculpas y explicaron que no fue por maldad y no pudieron dimensionarlo”, agregaron.

Además, propusieron sanciones más leves como “trabajo comunitario”, especialmente para los chicos que debían egresar para “no poner en riesgo la continuidad de los estudios superiores el año próximo”.

Sin embargo, el abogado de la UNLP señaló: “En nuestro sistema existe la expulsión, las amonestaciones y por lo tanto lo aplicamos. Con la sanción que se tomó no se corta la posibilidad de seguir estudiando a pesar de que ellos sí lo hicieron con todos sus compañeros con cada amenaza de bomba que realizaron y que implicó la suspensión de las clases”.

Y agregó: “En el sistema de colegios de la universidad no es la primera vez que chicos quedan libres por llegar al máximo de amonestaciones y nadie expresó críticas porque es la aplicación del reglamento”.

Otro tramo del texto publicado por los estudiantes esgrime: “No nos parece que la situación sea abordada únicamente desde un punto de vista judicial, entendemos que en el sistema educativo existen herramientas pedagógicas para abordar este tipo de situaciones desde otro lugar. Los alumnos entendemos la gravedad de los hechos y sabemos que hay una situación judicial en curso, pero también creemos que ellos están en su derecho de completar sus estudios secundarios en la escuela que los educa desde hace 5 años”.

Como representante legal de la UNLP, Mazzota detalló: “Me apegué al texto de la norma y recomendé la expulsión por que la falta es muy grave. Las autoridades, conociendo a los chicos, decidieron aplicar una sanción menor y nosotros lo avalamos. Los estudiantes van a recibir la contención que ellos y sus familias necesiten. Los padres de los chicos no expresaron disconformidad con la medida”.