La Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun presentó el jueves 6 de septiembre un proyecto de ley que declara “la emergencia pública en materia ocupacional” por 180 días en el Estado Nacional, prohíbe los despidos o suspensiones, y determina retrotraer la planta de trabajadores al 1° de mayo de 2018. Además de Sacnun, acompañan y firman el proyecto los senadores Fernando ‘Pino’ Solanas, Marcelo Fuentes, Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu, María Inés Pilatti Vergara y Nancy González.

La presentación del proyecto se realizó un día después de una Audiencia llevada adelante en el Senado, convocada por la Comisión de Industria de la Cámara Alta del Congreso, y de la que participaron trabajadores del Astillero Río Santiago y de Fabricaciones Militares, dirigentes de ATE y otros gremios, intendentes y legisladores, que reclamaron por la reactivación y contra los despidos.

Durante la Audiencia, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, alertó: “El vaciamiento de empresas, el recorte de políticas públicas, y cierre de fábricas, todo esto tiene un costo concreto para el pueblo argentino y se mide en vidas. Nosotros venimos a depositar confianza para poder compartir respuestas conjuntas, si el Poder Ejecutivo no las da, nosotros vamos a trabajar para que estas respuestas aparezcan en el Congreso”.

La Senadora María de los Ángeles Sacnun enumeró: “Astilleros Río Santiago, Tandanor, Ministerios cerrados, pasando por Agroindustria, la Secretaría de Agricultura Familiar, Fabricaciones Militares, INTI, INTA, Conicet, INCAA, SENASA, Educación, son ejemplos de reparticiones estatales donde sus recursos humanos fueron injustamente dejados sin trabajo por disposición del FMI y la única necesidad de reducir el déficit fiscal”.

En su artículo primero, el proyecto presentado declara “la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional para todos los trabajadores del Estado Nacional, Sector Público Nacional, entes descentralizados, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y cualquier otra forma asociativa donde el Estado Nacional posea capacidad de decisión mayoritaria”. Asimismo se establece la prohibición por el periodo que dure la emergencia de “despidos o suspensiones sin justa causa para todos los trabajadores del Estado Nacional”, la cual se aplica “sin importar la modalidad contractual”, y retrotrae la planta de trabajadores del Estado Nacional al día 1° de mayo de 2018, entre otros puntos.

“Desde el Congreso nacional debemos proteger el empleo y evitar el desguace del Estado Nacional que realiza el Poder ejecutivo a través de medidas inconstitucionales, injustas y ostensiblemente arbitrarias. Esta política de disminución a su mínima expresión del rol del Estado tiene la particularidad de dejar a un total de 10.000 familias sin trabajo”, concluyó Sacnun.