La devaluación del peso en los últimos meses, la caída de la demanda interna, la alta tasa de interés bancaria, los tarifazos en la luz, el gas y el combustible están jalonando un futuro poco alentador para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Las que no bajaron sus persianas, están en una situación económica y financiera muy compleja.

Con el propósito de contribuir al sostenimiento de las empresas recuperadas que funcionan como cooperativas de trabajo en la Provincia, el diputado provincial del Frente Renovador Ricardo Lissalde presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, judicial y en materia de prestación de servicios públicos para el sector, por el período de dos años.

El proyecto, compuesto por 12 artículos, que ingresó a la Cámara Baja esta semana, suspende, durante la vigencia de la emergencia, todo proceso judicial en que resultare demandada una empresa recuperada. Además, impide el corte de los suministros de agua potable, energía eléctrica y gas por el incumplimiento de pagos de las compañías administradas como cooperativas de trabajo.

El legislador massista de Saladillo fundamentó su iniciativa parlamentaria en el aumento tarifario que viene hostigando a las Pymes desde hace meses, como así, también, en la depreciación del poder adquisitivo y en la contracción del mercado interno.

El artículo 8 del proyecto presentado el pasado 10 de septiembre, establece: “El Poder Ejecutivo, a través del ministerio de la Producción y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, deberá implementar una línea de crédito especial, a una tasa subsidiada, para permitir la subsistencia y el recupero de las empresas recuperadas, mientras dure la emergencia”.

El texto legislativo, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja, además, prorroga por tres años varias expropiaciones de compañías gerenciadas por trabajadores de Bahía Blanca, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas y Quilmes.

“Según diversos relevamientos, la experiencia argentina, con epicentro en Buenos Aires, es cuna del proceso de defensa y recuperación de unidades productivas a manos de los propios trabajadores. En la actualidad, cerca de 200 empresas recuperadas se desarrollan en el territorio bonaerense, generando más de siete mil puestos de trabajo”, declaró Lissalde, al tiempo que pidió al resto de los bloques legislativos que acompañen el proyecto.